Con la idea de favorecer el desarrollo estudiantil profesional y garantizar sus derechos como consumidores, un grupo de diputados de Renovación Nacional, encabezados por René Manuel García, presentó una moción (boletín 8439) que prohíbe a las universidades cobrar en forma extra por la entrega de una tesis o la rendición de un examen de grado.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Economía para su evaluación, fue ingresada a trámite el pasado 11 de julio por el diputado García junto a sus colegas de partido Germán Becker, Pedro Browne, Rosauro Martínez, Nicolás Monckeberg, Leopoldo Pérez, Marcela Sabat, Frank Sauerbaum y Germán Verdugo y el ahora diputado independiente Gaspar Rivas.
Los legisladores estimaron que, pese a los avances registrados en materia de educación, aún quedan algunos asuntos pendientes, como el hecho de que, muchas veces, un egresado de la educación universitaria o técnica encuentra dificultades para titularse, debido a que el establecimiento educacional cobra altos valores por el derecho a defender su tesis de grado o rendir su examen final.
“Consideramos que un plantel educativo tiene todo el derecho de cobrar matrícula y un arancel determinado, pues se dedican muchos recursos humanos y físicos (profesores, biblioteca, laboratorios, personal administrativo) a esta tarea, pero no parece lógico que se cobre el equivalente a una mensualidad, por un examen o una defensa de tesis que puede durar sólo una o dos horas. Sostenemos, por tanto, que cualquier establecimiento de educación superior debe permitir la posibilidad de rendir sus exámenes de grado o defender sus tesis de forma gratuita, en al menos una ocasión al semestre, reservándose el hecho de cobrar por otras fechas que se escapen al requerimiento”, sostuvieron.
Explicaron que el proyecto propone insertar un nuevo artículo 32 quáter, en la Ley del Consumidor (Ley N2 19.496), después del actual artículo 32 ter, que consagra algunos derechos de los estudiantes en cuanto consumidores. La norma es como sigue: “Todo establecimiento de educación superior, incluyendo a los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, debe asegurar a cada alumno que ha aprobado los ramos de una carrera y se encuentra, por tanto, en proceso de titulación, el derecho de rendir las pruebas finales, exámenes de grado y defensas de tesis que correspondan, sin costo alguno para aquél, al menos una vez al semestre”.
Los diputados plantearon que esta política avanza en la dirección correcta, dado que busca impedir que la falta de recursos económicos -cuando hay capacidad intelectual y, con esfuerzo, se ha logrado egresar de una carrera universitaria o técnica- sea una traba o un impedimento para lograr la tan anhelada titulación.
“Así se evita que un estudiante se deba endeudar (o deba aumentar la deuda contraída) para conseguir el cartón o que deba posponer este trámite, debido a que se encuentra ahorrando para poder rendir las últimas pruebas, antes de convertirse, finalmente, en un profesional”, puntualizaron.
