El Ministerio Público decidió no perseverar en el caso del crimen contra mujer baleada en la comuna de Mariquina. Imputados estuvieron privados de libertad por más de dos años, sin que la fiscalía haya podido probar su responsabilidad en los hechos.

Se trata del crimen contra Sandra Cumian Urreola en el sector Lonaghue de la localidad de Pelchuquín el 3 septiembre del 2008. La mujer estaba en la casa de su hermano, salió a fumar un cigarrillo y recibió los disparos al igual que su familiar quien la salió a auxiliar, resultando este último con lesiones.

La Fiscalía inició una indagación desformalizada, para luego formalizar ésta el 20 de abril del 2009, cuando pidió la prisión preventiva de tres personas, de las cuales tenía argumentos para sospechar de ellas como las autoras del crimen, como lo había informado en su momento el fiscal regional Rafael Mera.

Pero faltaba una pericia clave, que correspondía al estudio del arma encontrada con los proyectiles extraídos de las víctimas, las que no tuvieron correlación determinando la fiscalía no perseverar y por tanto, sin poder entablar acusación contra las personas. Así lo confirmó a La Radio el defensor penal Rigoberto Marín.

Los imputados estuvieron un año en la cárcel y después privados de libertad en sus domicilios, lo que a juicio del abogado de la Defensoría Penal, provocó serios perjuicios en las personas.

En tanto, desde el Ministerio Público se indicó que a la audiencia fueron citados todos los intervinientes, en donde se comunicó la decisión de no perseverar, determinación que puede adoptar la Fiscalía de Chile al cierre de una investigación penal, particularmente cuando los antecedentes reunidos a ese momento no permiten fundar una acusación.

Lo anterior no implica necesariamente el término definitivo de la causa, ya que si surgieren en el futuro nuevos antecedentes, se puede solicitar su reapertura, informó la Fiscalía Regional.

Con respecto de la prisión preventiva en que permanecieron los imputados durante parte de la investigación, indicó que en esa etapa procesal existían presunciones fundadas que justificaban la formalización de los tres imputados y la imposición de esa medida cautelar, y así lo estimó también el Juzgado de Garantía de Mariquina y la Corte de Apelaciones de Valdivia en su momento.