La Fiscalía y el Ministerio del Interior deberán pagar 2 millones 400 mil pesos a los abogados defensores de los imputados en el denominado caso Bombas, por haber intentado inhabilitar a los jueces orales antes del veredicto que se conoció en junio pasado.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en 400 mil pesos las costas del juicio para cada uno de los seis juristas que participaron en el proceso, donde el Ministerio Público y los abogados del Ministerio del Interior intentaron inhabilitar a los tres jueces que absolvieron a los imputados por la colocación de artefactos explosivos en la capital desde enero del 2006 hasta el año pasado.
El 15 de mayo recién pasado, este tribunal, en forma unánime, desechó la recusación impulsada por la Fiscalía Sur y el Ministerio del Interior contra los magistrados del Tercer Tribunal Oral en lo Penal, argumentando que existía “una duda razonable respecto de la imparcialidad en la actuación de los jueces” Marcela Sandoval Durán, Carlos Carrillo y Blanca Rojas.
Según el requerimiento del Ministerio del Interior y posteriormente la Fiscalía, los magistrados habrían adelantado un pronunciamiento al no permitir ingresar pruebas relacionadas con el acusado Omar Hermosilla, quien era indagado por un posible financiamiento de actividades terroristas. Èste es uno de los seis acusados que enfrentaron el juicio oral por colocación de artefactos explosivos y financiamiento de este delito, y que finalmente fueron absueltos de estos cargos el pasado 1 de junio.
Los abogados que recibirán 400 mil pesos por sus servicios son Miguel Soto, Rodrigo Román, Mauricio Daza, José Masías, Julio Cortés y Claudio Aspe.
