El yerno del Rey de España, Iñaki Urdangarin, empresario y ex deportista en el centro de un escándalo sin precedentes, compareció el sábado y el domingo ante un juez de Mallorca, en las Islas Baleares, en el marco de una investigación sobre corrupción.
Urdangarin, con traje azul y corbata verde, antiguo medallista olímpico de balonmano, apareció ante las cámaras que le esperaban a la entrada del tribunal más sereno que el sábado, y no hizo declaraciones.
Viene “con coraje, con tesón, con ganas de poder explicar”, afirmó su abogado, Mario Pascual Vives.
Durante dos días, a puerta cerrada, se sometió al interrogatorio del juez de instrucción José Castro, al que seguirán, este mismo domingo, las preguntas del fiscal y de los abogados.
La víspera, bajo los abucheos de unos 200 manifestantes, el duque de Palma aseguró, con gesto grave, querer “demostrar su inocencia”.
Casado en 1997 con la infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos y de la reina Sofía, el duque de Palma, de 44 años, está acusado, junto con otros socios, de haber desviado fondos públicos para la organización de acontecimientos deportivos.
Al igual que la víspera, llegó a pie al tribunal de Palma de Mallorca, como un simple ciudadano, y no en coche como le había autorizado la justicia a título excepcional.
A lo largo del sábado, el duque de Palma respondió a las preguntas del juez, que le interroga sobre el destino de fondos públicos entregados al Instituto Nóos, una organización sin fines de lucro que presidió entre 2005 y 2006, y sobre la contabilidad de otras empresas a su nombre.
Ante el magistrado, Urdangarin negó cualquier implicación en la trama de la infanta Cristina, copropietaria con él de una de las empresas citadas en el caso, según su abogado.
“Lo sigue manifestando así. Y sigue quedando claro, entiendo yo”, declaró Pascual Vives el domingo.
La infanta, que fue a Mallorca para apoyar a su marido, no ha sido personalmente encausada por la justicia.
Urdangarin, antiguo deportista reconvertido en hombre de negocios, se encuentra en el centro de un culebrón mediático-judicial sin precedentes en España. Es la primera vez que una investigación de este tipo salpica al entorno del rey Juan Carlos, muy respetado por haber guiado a España hacia la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Un amplia mayoría de españoles (61,1%) piensa que el duque es culpable, según un sondeo difundido el sábado por el canal de televisión Telecinco.
Y más de cuatro de cada diez personas preguntadas (43,7%) estiman que el escándalo pone en peligro la supervivencia de la monarquía en España, cuando se perfila la transición entre el rey Juan Carlos, de 74 años, y el príncipe heredero Felipe.
Junto a varios asociados, el duque de Palma es sospechoso de haber desviado el dinero entregado por las autoridades regionales de Baleares y de Valencia al Instituto Nóos para organizar eventos deportivos.
Las sumas en juego no se conocen, pero según el periodista Eduardo Inda, del diario El Mundo, unos “17 millones de euros” podrían haberse evaporado.
El escándalo se gestaba desde hacía años. En 2006, el rey exhortó a Urdangarin a abandonar la presidencia de Nóos. Aceptó entonces un puesto en el gigante español de telefonía Telefónica, que le trasladó a Washington en 2009, donde reside ahora con la infanta y sus cuatro hijos.
Pero a finales de 2011, los problemas judiciales del duque de Palma salieron a la luz. El yerno fue apartado de las apariciones oficiales de la familia real e incluso su estatua fue separada de la del resto del clan en el Museo de Cera de Madrid.
La investigación está en fase de instrucción. Esta podría durar varios meses, al término de los cuales el juez decidirá si ha lugar o no a abrir un juicio