Un organismo de derechos humanos exhumó este viernes, en el sur de Honduras, los restos de una maestra que murió en marzo pasado durante una manifestación, con el fin de probar la responsabilidad del Estado en su muerte, confirmó a la AFP una activista.

Con la exhumación del cadáver de Ilse Ivania Velásquez, practicada en el cementerio de Langue, departamento de Valle, 120 km al sur de la capital, “se quiere probar que la policía hizo excesivo uso de fuerza contra los manifestantes y estamos responsabilizando al Estado de la muerte”, dijo la coordinadora del no gubernamental Comité de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva.

La educadora murió el 18 de marzo de 2011 cuando participaba en una manifestación de protesta junto a cientos de maestros frente a la sede del Instituto de Pensiones de los Educadores, al este de Tegucigalpa.

Según los videos que se difundieron por varios canales de televisión local, Velásquez fue alcanzada en la cabeza por una bomba lacrimógena lanzada por policías que atacaron a los manifestantes con gases y potentes chorros de agua lanzados desde tanques.

Al ser golpeada en la cabeza, la profesora cayó al pavimento y después le pasó por encima un vehículo de un medio de televisión.

En la exhumación e identificación de las causas de la muerte, participa la experta forense gautemalteca Alba Vásquez, explicó el Cofadeh.

“Se quiere probar que (la maestra) no murió por el atropellamiento”, explicó Oliva, quien señaló entre los responsables al ministro de Seguridad de ese entonces y ahora diputado Oscar Alvarez y al presidente Porfirio Lobo.

“Lobo, antes de la muerte de Ilse, dijo qué calle fuera tomada (por los manifestantes), calle que iba a ser desalojada”, recordó la activista.

“Eso prueba que hay una política de Estado de criminalización de las manifestaciones y vamos a llevar el caso a las instancias internacionales” como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió Oliva.

Cofadeh fue organizado en la década del 80 por familiares de dirigentes de agrupaciones de izquierda que fueron desaparecidos por “escuadrones de la muerte” del ejército, organizados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Estimaciones hechas por los organismos de derechos humanos cifran en 180 las personas desaparecidas en ese periodo.