Los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron este miércoles estudiar la creación un Alto Comisionado especial, para canalizar la negociación política en un país y evitar situaciones de crisis como la que provocó la suspensión de Honduras.
Esa propuesta está incluida dentro de un informe sobre el décimo aniversario de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, cuya aprobación provocó un vehemente debate entre el secretario general, José Miguel Insulza, y Venezuela, secundado por Bolivia y Nicaragua.
El informe recomienda la creación de ese “Relator Especial” o “Alto Comisionado” que estaría supeditado o sería independiente de la secretaría general de la OEA, con la misión de hacer un “seguimiento sistematizado e informado de los procesos políticos de cada país”.
Otra de sus misiones sería generar “espacios de diálogo” con “criterio de prevención”.
Los estados miembros también reconocieron la necesidad de “apoyar un papel más dinámico, proactivo y flexible del Secretario General en el ámbito preventivo”.
El golpe de Estado en Honduras de junio de 2009 provocó la suspensión temporal del país de la OEA, una decisión inédita desde la expulsión de Cuba en los años 60.
El reingreso del país centroamericano, después de unas elecciones, provocó una crisis interna en la OEA y una larga negociación entre los países que consideraban al nuevo gobierno hondureño como ilegítimo y los que pensaban, como Estados Unidos, que los comicios le daban nuevas credenciales.
Venezuela, que acaba de lograr la creación de un ente paralelo en la región, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), propuso introducir la noción de “democracia participativa” y “la importancia de la participación del pueblo en el control de la gestión pública”.
El informe sobre la Carta Interamericana y sus recomendaciones habían sido debatidos durante meses, y esta sesión del Consejo Permanente de la OEA estaba destinada en principio a aprobar el documento final.
Uno de los párrafos menciona la necesidad de “superar la noción de democracia electoral” en favor de “democracia participativa”.
Insulza alertó al resto de delegaciones sobre esos cambios. “Tengo temor a ese tipo de frases”, dijo.
“Si el problema es el pueblo, dejemos entonces participación ciudadana”, replicó una representante de Venezuela, Carmen Velázquez.
Tras objecciones de Estados Unidos, Canadá y otras delegaciones, el párrafo final mencionó que “algunos estados destacaron la importancia de la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública a través de las vías institucionales respectivas”.
