Al menos cuatro muertos y más de 60 heridos, tres en grave estado, dejó el violento desalojo de tierras el jueves en la provincia argentina de Jujuy (norte), repudiado este viernes por organizaciones políticas y sociales con una marcha en Buenos Aires.
El desalojo se produjo en la localidad rural de Libertador General San Martín, a 1.600 km al norte de Buenos Aires, cuando en cumplimiento de una orden judicial la Policía echó a unas 700 familias que habían ocupado un terreno de la compañía azucarera Ledesma en reclamo de viviendas.
Miles de manifestantes de organizaciones políticas, sociales y estudiantiles repudiaron este viernes los graves incidentes con una marcha en la capital argentina que tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo, frente a la sede del gobierno nacional protegida por un fuerte vallado policial.
“Basta de muerte y represión K”, decía una enorme pancarta que encabezaba la manifestación motorizada por la CCC (Corriente Clasista y Combativa), una organización social de izquierda, junto a la que marcharon organizaciones sindicales, estudiantiles y partidos de izquierda, comprobó la AFP.
Una proclama leída frente a la sede gubernamental reclamó al gobierno nacional “el esclarecimiento y castigo ejemplar a los responsables materiales” de la represión.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, pidió al gobierno de Jujuy que “separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad en estas acciones”, y reclamó que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó” el desalojo que dejó cuatro muertos y 60 heridos.
El cuarto fallecido fue confirmado este viernes por el ministro de Salud de Jujuy, Víctor Urbani, quien precisó que la víctima, un hombre de 37 años, ya estaba con muerte cerebral desde el jueves.
“Anoche ya tenía parámetros de muerte cerebral y este viernes se confirmó su fallecimiento”, dijo el ministro, en tanto el jueves ya se había informado sobre la muerte de otros dos manifestantes y un policía.
El funcionario precisó además que de los 63 heridos, sólo 12 permanecen hospitalizados “tres de ellos en terapia intensiva”.
La violenta represión fue repudiada por dirigentes políticos opositores y organismos humanitarios.
El gobernador de Jujuy, el peronista Walter Barrionuevo, condenó los incidentes y aceptó la renuncia de su ministro de Gobierno y Justicia, Pablo La Villa, en tanto ordenó el relevo del jefe policial que encabezó el desalojo.
La policía había afirmado que no llevaba armas de fuego en el operativo, pero testigos rechazan esa versión, en tanto se investiga la supuesta participación de efectivos de la seguridad privada de Ledesma, la poderosa compañía azucarera dueña de los terrenos en pugna.
La jueza penal Ana Pérez Rojas, que investiga la causa, afirmó que “aún se espera el resultado de las pericias forenses que determinen el calibre de las balas extraídas a los occisos”.
La magistrada recordó que la policía jujeña “desde hace años tiene prohibido concurrir a operativos con armas de fuego y solamente los grupos de choque como Infantería o Caballería llevan gas y balas de goma”.
La jueza confirmó que se produjo el arresto de 26 personas, de las cuales “12 ya fueron liberadas”.
El subjefe de la policía jujeña, Sergio Vilca, precisó que en el lugar del enfrentamiento los peritos recogieron “vainas de balas calibre 22 con punta hueca y armas de fabricación casera”.
Limítrofe con Bolivia Jujuy es una de las provincias más pobres de Argentina con unos 670.000 habitantes y un serio déficit de viviendas.
Su economía es de base rural (azúcar, banana, tabaco y cítricos) y el turismo es una importante fuente de ingresos.
