La Contraloría le prohibió a la intendenta del Bío-Bío reembolsar el costo de los teléfonos celulares a los consejeros regionales, que anualmente podría llegar a más de 18 millones de pesos.
En abril de este año el Contralor Nacional, Ramiro Mendoza, declaró improcedente que el costo de las llamadas telefónicas realizadas por los consejeros regionales sean financiadas con el presupuesto del Gobierno Regional respectivo. y además se prohibe financiar aparatos telefónicos a estas autoridades.
Ante este panorama, a nivel nacional se dejó de cancelar los reembolsos por este concepto, cuyo nivel de tope bordeaba los 70 mil pesos y los consejeros decidieron pedir una reconsideración a la Contraloría.
A la espera de este dictamen, la intendenta UDI del Bío-Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, pidió que el órgano contralor se pronunciara respecto a la posibilidad de reembolsar las platas de los celulares a los consejeros de la zona, los cuales son de su propiedad.
Argumentó la máxima autoridad regional, que un dictamen complementario al de abril, había precisado que si bien no es posible pagar los celulares, sí el Gobierno Regional debe procurar entregar todos los medios necesarios para la efectiva comunicación de los consejeros regionales.
Sin embargo, el Contralor Ramiro Mendoza argumentó que el artículo 39 de la Ley Orgánica de Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, no contempla un reembolso por concepto de gasto de celulares.
Concluye el dictamen que la intendenta Van Rysselberghe no puede cancelar este dinero en la actualidad, ni en el futuro.
En un cálculo rápido el costo para la región podría haber llegado a 18 millones y medio de pesos, a cuenta del presupuesto regional.
