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Corte Suprema rechaza recurso de comunidades indígenas por falta de consulta en proceso ambiental
Publicado por: Solange Garrido
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La Corte Suprema determinó que no es necesario realizar un nuevo proceso de consulta a las comunidades indígenas en el marco de los proyectos que son sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), previsto en la legislación específica.

Lo anterior, referido al fallo dividido en que los ministros de la Tercera Sala del m√°ximo tribunal -H√©ctor Carre√Īo, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y Roberto Jacob- ratificaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rechaz√≥ un recurso de protecci√≥n presentado por comunidades costeras de la zona de Mehuin en contra de la resoluci√≥n de la Conama que autoriz√≥ la construcci√≥n de un ducto de la empresa Arauco.

El fallo del máximo tribunal determina que no es necesaria la realización de un proceso de consulta especial a las comunidades indígenas en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que basta con el proceso previsto por la Ley Ambiental.

‚ÄúCabe destacar a su vez que la consulta a los pueblos interesados que prev√© el numeral 1¬į del art√≠culo 6 del Convenio tiene por finalidad arribar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas, pero jam√°s dicha forma de participaci√≥n podr√≠a constituirse en una consulta popular vinculante ni afectar las atribuciones privativas de las autoridades que la Carta Fundamental determina. La soberan√≠a, conforme lo dispuesto en el art√≠culo 5¬į, reside esencialmente en la Naci√≥n y se ejerce a trav√©s del plebiscito y elecciones peri√≥dicas y por las autoridades que la propia Constituci√≥n establece, y ning√ļn sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Lo anterior significa que los pueblos ind√≠genas, al igual que el resto de los habitantes de este pa√≠s, est√°n sometidos al ordenamiento constitucional vigente, sin que se les hayan transferido potestades que impliquen, en los hechos, un ejercicio de la soberan√≠a. S√≠ se les reconoce el goce de determinados derechos que quedan comprendidos, como se ha dicho, dentro de los √°mbitos que define nuestro texto constitucional‚ÄĚ, dice el fallo.

Y agrega que: ‚Äúconforme a estos lineamientos, forzoso es concluir que el deber general de consulta a los pueblos ind√≠genas en lo concerniente a los procedimientos de evaluaci√≥n de impacto ambiental estatuido en la Ley N¬į 19.300 y su Reglamento ya se encuentra incorporado a dicha legislaci√≥n ambiental a trav√©s del procedimiento de participaci√≥n ciudadana que los art√≠culos 26 a 31 de la citada ley establecen‚ÄĚ.

Adem√°s, se concluye: ‚ÄúQue la integraci√≥n arm√≥nica del Convenio N¬į169 en nuestro ordenamiento jur√≠dico interno a que deben propender todos los √≥rganos de la Administraci√≥n del Estado en las √°reas de sus respectivas competencias ha sido claramente satisfecha por la autoridad recurrida al cumplir con las exigencias jur√≠dicas aplicables conforme a la normativa sectorial que la rige, las cuales son enteramente conciliables con los est√°ndares que orientan el Convenio‚ÄĚ.

La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Brito, quien consideró que en el proceso de consulta no se cumplió con el requisito de recoger las opiniones de las comunidades afectadas por lo que se cometió un acto arbitrario e ilegal.

“As√≠ las cosas, la decisi√≥n atacada incumple el deber general de fundamentaci√≥n de los actos administrativos, porque no es consecuencia de un claro proceso de consulta en el que se hayan tenido en cuenta aquellos elementos para el razonamiento y justificaci√≥n que esta particular autorizaci√≥n requiere. Tal carencia torna arbitraria la decisi√≥n y lesiona la garant√≠a de igualdad ante la ley, porque al no aplicarse la consulta que el convenio previene, niega trato de iguales a las comunidades ind√≠genas reclamantes, porque la omisi√≥n implica ‚Äúno igualar‚ÄĚ para los efectos de resolver‚ÄĚ, sostiene en su voto del ministro Brito.

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