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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República presentó una demanda por daño patrimonial contra autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Rinconada, detectando pagos irregulares que superan los 1.300 millones de pesos, incluyendo desembolsos sin respaldo suficiente, arriendo de vehículos no utilizados y subvenciones a particulares no justificadas. El exconcejal Juan Castillo acusa al alcalde Juan Galdames y 3 funcionarios. La defensa del alcalde busca la caducidad de la acción alegando falta de elementos de responsabilidad civil.

La Contraloría General de la República presentó una demanda por daño patrimonial contra autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Rinconada, en la región de Valparaíso, tras detectar pagos irregulares con recursos municipales.

Según el organismo fiscalizador, el perjuicio económico supera los 1.300 millones de pesos, correspondientes a más de 19.000 UTM, calculadas a septiembre de 2025.

El informe señala que los pagos fueron autorizados mediante decretos sin respaldo suficiente, incluyendo desembolsos por obras no acreditadas, arriendo de vehículos que no habrían sido utilizados y la entrega de subvenciones a más de 300 particulares sin justificar una necesidad real.

El ente contralor sostiene que existe una relación directa entre estas decisiones administrativas y el daño causado al patrimonio municipal, por lo que solicitó que los responsables restituyan los recursos.

En ese sentido, el exconcejal de Rinconada, Juan Castillo, indicó que este proceso se ha demorado tres años, ya que realizaron la denuncia en el 2023. En ese sentido, acusó que los responsables de este detrimento municipal son el alcalde Juan Galdames y 3 funcionarios públicos.

Defensa del alcalde de Rinconada busca caducidad de la acción

En tanto, el abogado del alcalde, José Villagran, señaló que existe una demanda civil en el marco de un juicio de cuentas ante la Contraloría, la cual ya fue respondida por la defensa. En ese contexto, se presentó una excepción de caducidad y, de forma subsidiaria, se contestó el reparo formulado.

El profesional explicó que la discusión se centra en la inexistencia de los elementos que configuran la responsabilidad civil, motivo por el cual solicitaron al Tribunal de Cuentas que declare la caducidad de la acción, argumentando que la Contraloría no respetó los plazos legales.

Hasta ahora, el municipio no ha informado públicamente las medidas que adoptará frente a esta demanda, mientras el proceso continúa en los tribunales.