Como “ridículas” calificó el abogado que representa los intereses de la familia del minero de Talcahuano Raúl Bustos, quien estuvo atrapado en la mina San José, las penas contempladas en la legislación chilena para el delito que son acusados los dueños de la minera San Esteban y las autoridades que permitieron el funcionamiento del yacimiento.

Se trata del delito de prevaricación, que sólo contempla la suspensión del cargo y en ningún caso una multa mayor a 2 millones de pesos, según indicó el abogado Remberto Valdés.

Por esta razón se mostró muy esperanzado en las modificaciones a la ley, que la primera quincena de noviembre el Ejecutivo debería enviar al Parlamento para buscar responsabilidades acorde a lo que vivieron los 33 mineros que estuvieron atrapados por 70 días en la mina San José.