El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, expresó el miércoles en Lima su preocupación por la lentitud de los juicios contra ex funcionarios del Estado peruano acusados de matanzas de civiles.
Martin Scheinin | que.es
“(Estoy) preocupado porque el juicio y el castigo de funcionarios del estado por violaciones de derechos humanos, incluyendo matanzas de la población civil, avanzan muy lentamente”, dijo Scheinin al finalizar una visita oficial a Perú.
Scheinin, de nacionalidad finlandesa, señaló en rueda de prensa que ese tipo de juicios “pueden toparse con obstáculos legales, tanto antiguos como nuevos”.
“La percepción de un clima de impunidad, que ya existe, se ha reforzado recientemente mediante el nuevo Decreto legislativo 1097, que parecería someter a prescripción los procesos penales contra perpetradores de lesa humanidad”, resaltó el Relator Especial de la ONU.
Scheinin advirtió que “el decreto 1097 probablemente dará pie a violaciones del derecho internacional”. Refirió, además, que “muchos de sus interlocutores opinan que es inconstitucional y no debe ser aplicado por tribunales peruanos”.
De otro lado, el Relator elogió los procesos judiciales “ejemplares” contra el jefe histórico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, condenado a perpetuidad en 1992, y contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple una sentencia de 25 años en una base policial.
El Relator Especial estuvo en Perú una semana con la meta de evaluar si las leyes antiterroristas peruanas respetan el derecho internacional humanitario.
El reporte sobre la legislación y la práctica contra el terrorismo en el Perú será presentado a la sesión del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra en marzo de 2011.
Perú vivió entre 1980 y el 2000 un conflicto interno desatado por la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y la agrupación castrista MRTA, que incluyó acciones de terrorismo.
Las fuerzas armadas dirigieron la guerra contrasubversiva en ese lapso, en que hubo también casos de violaciones a los derechos humanos.
La violencia política en Perú dejó cerca de 70.000 muertos y desaparecidos según estableció una Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2003.
