La legisladora manifestó tras la visita del ex Intendente De la Maza a la Comisión Investigadora, que sólo el informe determinará su posible responsabilidad en los hechos.

Tras la exposición del ex intendente Iván de la Maza, en la última sesión de la Comisión Investigadora del Fraude al Gobierno Regional de Valparaíso, la diputada UDI, Andrea Molina, aseguró que tras el informe que emitirá la instancia legislativa, se determinará si efectivamente la ex máxima autoridad regional, tiene o no responsabilidad política en el ilícito.

La diputada Molina dijo que “para nosotros era fundamental poder recibirlo nuevamente en la comisión, y a partir de eso iniciar un trabajo, donde se va a demostrar y mostrar eventualmente, si el ex Intendente De la Maza tiene responsabilidades”.

Con respecto a la entrega de algunas conclusiones que contendrá el informe que la comisión emitirá en las próximas semanas, la diputada Andrea Molina no quiso revelar mayores detalles, hasta que la instancia legislativa lo vote y sea enviado a la Sala de la Cámara Baja para su consideración.

“A priori, no quiero comentar nada; no creo que sea bueno ni serio. Siento que aquí, a la luz de todos los acontecimientos, hubo muchas irregularidades y negligencias que en su debido momento, a través del informe, tendrán claridad de cuáles son nuestras conclusiones”, agregó la diputada Molina.

En la última sesión de la Comisión Investigadora del fraude al Gore de Valparaíso, y que fue presidida por el diputado UDI Edmundo Eluchans, el ex intendente Iván De la Maza, expresó su molestia por vinculaciones que se le habrían hecho con el delito cometido por funcionarios del GORE. “Aquí me han vinculado personalmente a los delitos”, señaló.

En la oportunidad, también entregó nuevamente su testimonio, el ex asesor de la Intendencia Julio Medina, quien negó conocer a Eugenio Aubele (contratista que cobró los cheques), su participación en los ilícitos y dijo haber recibido amenazas para ocultar información.

Cabe agregar que a contar de este martes, la secretaría de la Comisión Investigadora, tiene un plazo de 15 días para que los parlamentarios entreguen sus puntos de vistas y se redacte el informe final, el que será votado por la instancia legislativa.