Los responsables de ocho asambleas legislativas latinoamericanas condenaron el miércoles la ley que criminaliza a los indocumentados en el estado de Arizona, Estados Unidos, al cierre de la tercera Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos en Ginebra.

Presentamos “nuestra fuerte condena y profundo rechazo a tal ley (…) Lamentamos que esta ley tenga un espíritu racista y xenófobo que va en contra de la inmigración en general y de los migrantes irregulares en particular”, indica el texto suscripto por parlamentarios de México, Ecuador, Uruguay, Panamá, Bolivia, Guatemala, Cuba y Chile.

“Expresamos nuestro más profundo compromiso en la defensa de los derechos humanos de todos, incluyendo los migrantes, independientemente de su situación migratoria”, agrega la declaración, que fue leída por Carlos Navarrete, jefe del Senado de México.

“Es una ley racista, discriminatoria. Pretende afectar a millones de inmigrantes que están en territorio norteamericano sin documentos. Es una ley que no deber ser aceptada ni que entre en vigor”, dijo a la AFP el senador Navarrete.

“La solución de fondo es una reforma migratoria (…) que permita la legalización plena (de los migrantes) para que puedan regularizar su permanencia y trabajo allí, incorporarse a la economía norteamericana con plenos derechos y obligaciones”, apuntó Navarrete a la AFP.

El documento fue apoyado por el representante de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y parlamentarios de Ghana, Senegal y Turquia.

“Es una ley absurda, no está en la corriente de los tiempos actuales, de quienes dicen defender la globalización, el libre mercado y las libertades humanas, sin embargo, estan criminalizando el movimiento migratorio”, manifestó de su lado a la AFP Rolando Panchana, delegado de Ecuador en esta Conferencia, que congregó unos 150 parlamentos del mundo.

La ley SB 1070 promulgada el 23 de abril por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y que debe entrar en vigencia el 29 de julio, declara la inmigración ilegal como un delito estatal por primera vez en la historia de Estados Unidos.

El gobierno de Barack Obama impugnó el 6 de julio pasado la llamada ley de Arizona argumentando que la Constitución y la ley federal estadounidenses no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas migratorias estatales y locales.

Se estima que en Arizona viven unos 460.000 indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos.