El régimen cubano liberará en breve al preso político Ariel Sigler Amaya, afectado por una paraplejia, como fruto de un diálogo entre la Iglesia Católica y el presidente Raúl Castro, informó el viernes el Arzobispado de La Habana.

El cardenal Jaime Ortega fue informado por las autoridades que Sigler, quien se encuentra internado en el hospital ‘Julito Díaz’ de La Habana y cumple una condena de 20 años, recibirá “licencia extrapenal”. Además, otros seis presos políticos serán trasladados el sábado a cárceles en sus provincias, según un comunicado del Arzobispado.

Sigler y los otros seis presos políticos forman parte del grupo de 53 aún en prisión, de un grupo original de 75 disidentes arrestados en marzo de 2003. Veintiuno de ellos fueron liberados por licencia extrapenal y uno por haber cumplido la condena.

La excarcelación de Sigler y la reubicación de los presos políticos dan continuidad al proceso que comenzó el pasado 1 de junio, con el traslado de seis reos a cárceles en sus sitios de origen, según fue acordado en un inédito diálogo entre el presidente Raúl Castro y Ortega el pasado 19 de mayo.

El presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez, se declaró “insatisfecho” con el anuncio, por considerar que Sigler “debe ser liberado sin condiciones”, pues la licencia extrapenal implica una posible nueva encarcelación.

Sigler, quien dirigía el Movimiento Independiente Opción Alternativa (MIOA) en su provincia de Matanzas (occidente), considerado ilegal por el gobierno, permanece desde septiembre de 2008 en silla de ruedas e ingresó el 14 de agosto de 2009 al hospital por una serie de enfermedades crónicas como polineuropatía y problemas digestivos y renales.

El último preso político liberado había sido Nelson Aguiar, de 64 años, excarcelado por estar enfermo tras una gestión de España en octubre de 2009.

Las mejoras para los prisioneros ocurren en momentos en que Cuba enfrenta la crítica de Estados Unidos y la Unión Europa sobre derechos humanos, tras la muerte del preso opositor Orlando Zapata el 23 de febrero tras una huelga de hambre de 85 días.

La crispación creció con el ayuno que declaró un día después de esa muerte el sicólogo opositor Guillermo Fariñas, para exigir la excarcelación de 26 disidentes enfermos y con el hostigamiento a las Damas de Blanco, esposas de presos políticos. Eso llevó a la Iglesia a interceder frente a las autoridades.

La CCDHRN estima que en la isla hay unos 200 los presos políticos, pero las autoridades cubanas no reconocen esa categoría y sostienen que esos prisioneros atentaron contra la seguridad del Estado.

El régimen socialista cubano acusa a los opositores de ser “mercenarios” y de servir a una campaña orquestada por Washington para desprestigiar a la revolución de Fidel Castro.