Los viceministros de Interior de la Unasur definieron el marco legal de un plan conjunto contra el narcotráfico, durante una reunión en Quito en la que afloraron diferencias de enfoque frente al problema de las drogas, informó este sábado una fuente oficial.
El encuentro de los subsecretarios de Gobierno e Interior del mecanismo, celebrado entre jueves y viernes, redactó el estatuto del Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico, que busca armonizar las políticas y deberá ser ratificado en una cita ministerial en marzo.
“Definimos las bases legales y la mecánica administrativa del Consejo”, dijo en entrevista con la AFP el viceministro ecuatoriano de Gobierno, Freddy Rivera, cuyo país ejerce la secretaría pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
El responsable destacó los acuerdos logrados en cuanto a intercambio de información para detectar bandas criminales y combatir el lavado de activos, y de experiencias para la prevención del consumo de drogas.
Rivera señaló que el Consejo también se plantea “generar una identidad suramericana en el tema” mediante la “armonización de las legislaciones”, para negociar estrategias en bloque con la Unión Europea o los países asiáticos.
La cuestión antidrogas es sensible en la región, donde Bolivia, Colombia y Perú son responsables de la mayor parte de la producción mundial de cocaína, unas 845 toneladas métricas en 2008, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2009.
El viceministro indicó empero que el Consejo se propuso no “subregionalizar el tema, descocainizar la discusión, pues cada país tiene un problema distinto con el narcotráfico y tratamos de equilibrar su importancia”. “Por ejemplo, el problema de las drogas sintéticas en Argentina es gigantesco”, anotó.
Las discusiones en Quito también sacaron a flote diferencias de enfoque en la materia, tales como que el narcotráfico sea combatido por la Policía y no por las Fuerzas Armadas como sucede en Colombia, donde, según las autoridades, las guerrillas izquierdistas se financian con la cocaína.
“Uno de los retos es elaborar una nueva doctrina que dé cabida a posiciones de países que no tienen necesariamente un problema de seguridad nacional”, explicó Rivera.
Los delegados de los 12 países miembros de la Unasur no lograron un acuerdo sobre el impacto ambiental del tráfico de drogas, pues Colombia rechaza asumir la responsabilidad por la contaminación que generan los laboratorios de procesamiento más allá de sus fronteras, señaló el funcionario ecuatoriano.
Bogotá mantuvo en el pasado una fuerte controversia con Quito por las fumigaciones áreas de cultivos de coca en la zona limítrofe, en las que son usados herbicidas.
Por su parte, Bolivia se opuso a incluir en los estatutos el tema de las siembras de coca. “No quiere saber nada de este asunto, ni que se ponga cultivos lícitos o ilícitos”, agregó Rivera.
Las más recientes cifras de producción de droga de la ONU reflejan, sin embargo, una reducción de 15% con respecto a 2007, cuando Bolivia, Ecuador y Perú procesaron 994 toneladas métricas.
Colombia, con 430 toneladas en 2008 (-28%), continúa siendo el mayor productor de cocaína, aunque sus superficies cultivadas con coca se redujeron un 18% llegando a 81.000 hectáreas.
En cambio, las siembras aumentaron un 6% en Bolivia y un 4,5% en Perú. Estos dos países produjeron respectivamente 113 toneladas (+9%) y 302 toneladas (+4,1%) de cocaína en 2008, según la ONU.
