El Observatorio Ciudadano, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la Corporación Humanas y Wallmapuwen, partido político mapuche, entregaron un Lapidario informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, que sesiona en Ginebra.
En él se detallan los incumplimientos del Estado Chileno a las convenciones internacionales a las que ha adherido y al derecho internacional en materia de institucionalidad de derechos humanos, racismo ambiental, acceso a la justicia y no discriminación.
Coincidentemente, mientras sesionaban en Ginebra, los delegados de las organizaciones mencionadas se enteraron de la muerte del comunero mapuche en La Araucanía.
El hecho cruzó todo el debate y dejó al descubierto la realidad de los pueblos indígenas y la ausencia de una política de estado tendiente a dar respuesta a sus reivindicaciones, explicó el Director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin.
En materia de derechos humanos, el representante del Grupo de Derechos Colectivos, Sergio Millamán, dijo que urge reformar la justicia militar y así limitar su aplicación a delitos propios de la función castrense que afecten bienes jurídicos específicos.
En Chile, agregó Millamán, se ha hecho caso omiso a las recomendaciones del Relator Especial para los pueblos indígenas en orden a no criminalizar las actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas.
Muy por el contrario, explicó, desde octubre del año pasado se ha invocado la ley que sanciona conductas terroristas en 15 casos, mientras 10 comuneros ya fueron condenados.
Según indicó la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Mayra Federsen, el informe también advierte que el Estado debe corregir la legislación para resguardar los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales y garantizar su participación.
El Comité de Naciones Unidas contra la discriminación racial también deberá pronunciarse sobre el informe que entregó la ministra de Planificación, Paula Quintana, y contrastarlo con el elaborado por organizaciones civiles.
Las recomendaciones se conocerán una vez que concluya el período de sesiones, a fines de agosto.