El gobierno decidió no sancionar al ex subsecretario de pesca, Felipe Sandoval, por la entrega irregular de 380 millones de pesos de un total de mil 200 millones en subsidios que repartió el gobierno a pescadores de Talcahuano en 2003. De acuerdo con el decreto supremo del 21 de julio, firmado por el Ministro de Economía, Hugo Lavados, y la Presidenta Michelle Bachelet, la absolución de Sandoval se debe a que se encontraría “extinguida su responsabilidad administrativa”.
El presidente de la organización ciudadana Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, quien denunció esta situación a la Contraloría, dijo que esto corresponde a una triquiñuela legal de parte del Ministro de Economía para no sancionar la falta de probidad de su subalterno.
El presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, Iván Norambuena, señaló que el ministro esta convocado para hablar sobre todas las irregularidades detectadas por la Contraloría.
Lo más extraño del caso es que antes del decreto absolutorio existió otro que fue ingresado y retirado de Contraloría tres días antes, el cual informaba de la aplicación de las sanciones.
Sin embargo, el 23 de julio se ingresó el decreto número 201, el cual absolvió a Felipe Sandoval de su responsabilidad en los hechos. Esto provocó la reacción de algunas organizaciones ciudadanas que han iniciado gestiones para que el Estado recupere los dineros fiscales.
Todo esto ocurre mientras se discute en el senado el proyecto de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, en cuyo proceso aparece Sandoval como el principal operador político del gobierno.
