Aguas Andinas informó que las obras de reparación en la matriz de agua potable que se rompió la mañana de este jueves en la comuna de Providencia, demorarían al menos nueve días en completarse. La Superintendencia de Servicios Sanitarios advirtió que, de comprobarse incumplimientos similares a los que originaron la ruptura de la misma tubería en 2016, la empresa arriesga sanciones por negligencia reiterada.
Por un plazo mínimo de nueve días, la Avenida Providencia permanecerá con la calzada norte deshabilitada a la altura de la calle Seminario, donde Aguas Andinas mantiene una excavación de cuatro metros que se usó para reemplazar el tramo de la matriz de agua potable que colapsó la mañana de ayer, a eso de las 05:30 horas.
La emergencia se extendió por cerca de tres horas, provocando anegamiento de viviendas y estacionamientos, una interrupción del suministro eléctrico a 5 mil clientes, y la inundación total de ambas calzadas.
Incluso, la situación obligó a suspender las clases en dos colegios de la comuna.
Afortunadamente, la situación no interfirió en el funcionamiento de la Línea 1 del Metro, lo que evitó que los problemas de transporte pasaran a mayores.
La intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, convocó a un Comité Operativo de Emergencias con la empresa, el municipio y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y acusó a Aguas Andinas de entregar una respuesta tardía a la contingencia.
“Yo estoy convencida que la respuesta fue tardía, la Municipalidad de Providencia es la que alerta al respecto, no es Aguas Andina la que informa a los diferentes servicios. Creo incluso que la prensa llegó a informar mucho antes que Aguas Andinas”, criticó.
Asimismo, la autoridad recordó que en 2016 se debió cortar la calzada por 21 días e indicó que solicitó al Ministerio de Transportes que desvíe los recorridos del transporte público, como también la suspensión del paso de camiones. Esto, porque se debe estudiar si hay riesgo de socavón.
Autoridades apuntan a matriz que colapsó en 2016
La alcaldesa subrogante de Providencia, Paulina Lobos, apuntó a una negligencia por parte de Aguas Andinas, ya que la tubería afectada fue la misma que colapsó en 2016, por lo que ofreció asesoría legal gratuita para quienes se hayan visto afectados.
“No solo vamos a evaluar las acciones por parte del municipio, sino que también llamamos a nuestros vecinos que se comuniquen con la Municipalidad. Nosotros disponemos de un centro de atención legal, con abogados que les van a poder entregar toda la información y orientación en caso que se hayan visto afectados”, señaló.
“Más allá de la respuesta a una emergencia puntual, creemos que es esto no puede volver a pasar. Y la única forma es que aquellas personas y empresas que resulten responsables, sean efectivamente sancionados”, estimó Lobos.
Sin embargo, el director de servicios de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, descartó que la emergencia haya estado relacionada con una falla en la reparación anterior.
“Esta es una matriz extensa de más de 10 kilómetros que abastece a más de 150 mil clientes. La reparación que se hizo en el año 2016 no ha fallado en esta oportunidad (…) hay que abrir para determinar la distancia exacta, pero son alrededor de 20 a 25 metros desde el punto anterior”, detalló el ejecutivo.
Una versión que sólo se podrá comprobar concluida la investigación respecto a las causas de aquel incidente ocurrido tres años atrás, y que tardó 21 días en solucionarse.
Según explicó el superintendente subrogante de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, las sanciones podrían conocerse los próximos días.
“Nosotros quisimos tomar declaración a los testigos, que eran los funcionarios de Aguas Andinas, la empresa se opuso por lo tanto tuvimos que judicializar y recién ahora este año en junio la Corte Suprema nos encontró la razón y las sanciones están saliendo ahora, dijo.
“Las sanciones tienen que ser por los imcumplimientos, si son similares a los de la vez anterior en 2016. Esto sería una reiteración y por eso las sanciones podrían ser mayores”, añadió Rivas.
Hasta que concluyan las obras, los autobuses y vehículos pesados que transiten por la intersección de Nueva Providencia con Seminario serán desviados por calles aledañas, mientras que vehículos livianos deben circular por la calzada sur de la avenida, que se mantendrá con tránsito bidireccional.
Lamentablemente no es la primera vez que una sanitaria se ve envuelta en una emergencia de este tipo. Puerto Octay, Chiguayante y Osorno se mantuvieron varios días sin el elemento debido a roturas de matriz y contaminación en los sistemas de tuberías.
Incluso, en el caso de Osorno, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) formuló cargos contra la sanitaria Essal por dejar sin agua potable a la ciudad de Osorno por más de una semana, lo que podría hacer perder a la empresa la concesión del servicio y recibir una multa superior a los 3,5 millones de dólares.
Los más de 180.000 habitantes de la ciudad se quedaron sin agua potable por más de una semana, luego que se derramaran más de 1.000 litros de combustible en una de sus plantas de abastecimiento. El servicio fue restablecido paulatinamente en medio de la furia de la población que realizó masivas protestas en contra de Essal, vinculada a la francesa Suez. Entre sus demandas exigieron al gobierno quitarle la concesión del suministro de agua.
La investigación arrojó que el corte de agua “fue de la mayor gravedad por su duración y repercusiones en la población”.
