Un peritaje externo realizado en el marco de la polémica Operación Huracán ratificó que las pruebas fueron manipuladas.
El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, quien está a cargo de la investigación en contra de Carabineros por el supuesto montaje, solicitó un segundo peritaje externo al Ministerio Público, el cual habría ratificado la manipulación.
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El peritaje estuvo a cargo de un experto externo en el área informática y que arribó a las mismas conclusiones de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medio Ambientales y de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
En dicho informe se señala que los archivos encontrados en los teléfonos celulares de los comuneros detenidos no reúnen las características de alguna aplicación de mensajería instantánea como Whattsapp,
Telegram o mensajes de texto.
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Durante las detenciones a los dirigentes mapuches -entre ellos el líder de la CAM, Héctor Llaitul- Carabineros informó de que tras la incautación de 12 teléfonos celulares, se habían obtenido pruebas de de que los detenidos se habrían coordinado mediante Whatsapp y otras aplicaciones, para realizar ataques a camiones en la zona, pruebas que hoy son materia de investigación.
La denuncia
La tarde del jueves 25 de enero se dio a conocer que el El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo, presentó una querella contra quienes resulten responsables, pero enfocada específicamente en la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), en el marco de la arista filtraciones de la denominada “Operación Huracán”.
Arroyo está siendo investigado por el fiscal de Aysén, Carlos Palma Guerra, junto a su exabogada asistente, Mónica Palma y un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Supuestamente, y de acuerdo a un documento denominado oficio 202 que Carabineros envió al fiscal nacional, Jorge Abott; Palma y el funcionario de la ANI habrían filtrado antecedentes de la investigación a comuneros mapuches que eran objeto de seguimiento policial.
A Arroyo, en tanto, se le indaga por el eventual encubrimiento de Mónica Palma, a quien la Dipolcar describe como su pareja sentimental.
Sin embargo, y de acuerdo a la querella que Arroyo presentó ante el Juzgado de Garantía de Temuco, los antecedentes que Carabineros le entregó a Abott para vincularlo con el ilícito son falsos.
Manipulación de la evidencia e inicio de investigación
Luego de esto, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, abrió una investigación en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, en el marco de los antecedentes que entregó la institución policial al Ministerio Público en septiembre de 2017 en la denominada Operación Huracán.
Paredes, asegura que “hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos”.
El fiscal sostuvo que se trata de un hecho gravísimo y agregó que es la primera vez que la fiscalía regional recibe una información de parte de Carabineros que se desarrolló íntegramente conforme al estatuto previsto en la Ley de Inteligencia.
Lo anterior significa que se hizo con diligencias investigativas realizadas autónomamente por Carabineros y sin el control de los fiscales.
El persecutor además dio a conocer que cuanto fueron detectadas estas irregularidades, se instruyó la realización de peritajes para despejar las dudas.
