El juicio en Argentina por la ocupación militar de Tucumán, lanzada en democracia (1975) y profundizada en dictadura (1976-1983), terminó el viernes con seis condenados a perpetua, siete absueltos y otras penas menores en una causa por 266 casos de crímenes de lesa humanidad.
Con aplausos, en unos casos, sollozos y murmuraciones de desaprobación, en otros, acogieron los familiares de las víctimas los anuncios leídos en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, provincia del norte argentino.
Afuera cientos de personas con fotografías de las víctimas y Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos aguardaron casi dos horas para conocer las penas.
“Cárcel común, perpetua y efectiva a todo genocida que camina por las calles argentinas”, cantaron los manifestantes a las puertas del tribunal, 1.250 km al norte de Buenos Aires.
Las sentencias incluyeron siete absoluciones, varias con el voto disidente de uno de los magistrados que pidió perpetua para algunos de los beneficiados.
Otros cuatro recibieron penas de 4 a 18 años, consideradas menores en relación a los relatos de horror que se escucharon durante año y medio de audiencias.
El Ministerio Público Fiscal había pedido en su alegato final prisión perpetua para 10 de los 17 imputados, y penas de hasta 20 años a los restantes, todos exmilitares y expolicías.
Tucumán sangriento
La orden de lanzar el operativo de represión dada por la expresidenta Isabel Perón (1974-76) fue el comienzo del terrorismo de Estado que sufrió Argentina hasta 1983.
Entre los desaparecidos del denominado ‘Operativo Independencia’ en Tucumán hay seis mujeres que sufrieron secuestro embarazadas y cuyos hijos son aún buscados por Abuelas de Plaza de Mayo.
La entidad humanitaria lleva resueltos los casos de 124 nietos apropiados por represores durante el régimen en todo el país.
“Es un caso único en la Argentina, donde hubo una ocupación militar dentro del propio país, porque el ejército se instaló en el sur tucumano de la misma manera en que se ocupa una nación extranjera“, dijo el fiscal del caso, Pablo Camuña.
Isabel Perón fue la primera presidenta mujer de Argentina. Heredó el poder por su condición de vicepresidenta en el momento del fallecimiento en ejercicio de la presidencia de su marido, el tres veces mandatario Juan Domingo Perón.
Los militares realizaron “censos, control territorial, intervención absoluta de la sociabilidad de cada uno de los pueblos, con bases y centros clandestinos diseminados por todo Tucumán”, sostuvo Camuña.
Durante el juicio, con 455 testigos y decenas de pruebas documentales, “se pudieron reconstruir las líneas centrales del primer capítulo masivo del plan sistemático de persecución y exterminio de la población y el primer caso de terrorismo de estado de nuestra historia”, agregó.
Además de estas condenas, la justicia argentina ya dictó otras 703 contra comandantes, jefes y subordinados de las fuerzas armadas o de seguridad desde que fueron derogadas en 2003 las leyes de amnistía por el gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Entre los sentenciados estuvo el destituido general golpista y dictador Jorge Videla, quien falleció en una celda común en 2013.
El aniquilamiento
Aquel decreto presidencial que dispuso “el aniquilamiento de elementos subversivos” fue uno de los argumentos usados desde 2003 en los juicios por abogados defensores de los militares de la dictadura como pretexto para justificar las desapariciones de miles de personas, persecuciones, prohibiciones y exilios.
Durante el gobierno de la última esposa de Perón entró en acción una organización paramilitar y parapolicial con apoyo civil, denominada Triple A, que comenzó a aplicar por primera vez en Argentina el método de desaparición forzada.
En los primeros casos, los opositores políticos aparecían en seguida acribillados a balazos. Isabel Perón fue derrocada el 24 de marzo de 1976.
En Tucumán actuaban organizaciones armadas de izquierda, que fueron totalmente desbaratadas. Durante la represión se sembró el terror y desaparecieron dirigentes obreros, estudiantiles y profesionales.
