El Juzgado de Garantía de Temuco aplicó una sentencia de 400 días de presidio pero con firma mensual, más una multa de dos Unidades Tributarias Mensuales (UTM), para el dueño de un camión y su primo que fueron condenados por el delito de fraude de seguros, tras simular un ataque incendiario al vehículo en junio del año pasado.

La sanción fue aplicada por la jueza Marcia Castillo, a Hugo Castro Delgado y su primo Orli Martini Castro, luego que el 18 de junio de 2014, el primero de ellos condujo un camión Mercedez Benz de su propiedad hasta el sector rural de Caivico en la ruta Padre las Casas a Cunco, siendo acompañado en otro vehículo por su primo, procediendo a quemarlo, denunciando posteriormente un ataque.

Tras la investigación, ambas personas fueron imputadas por el delito de fraude de seguros, ya que cobraron la póliza de la aseguradora BCI por más de 15 millones de pesos. Sin embargo, se logró establecer que fueron ellos quienes destruyeron la máquina.

Este viernes la jueza informó con lectura resumida su sentencia, condenando a ambas personas a 400 días de presidio, pero con sujeción de vigilancia de Gendarmería y al pago de una multa de 2 UTM, que se dieron por pagadas por el tiempo que estuvieron en prisión preventiva.

El fiscal de la FIAC, Luis Arroyo, lamentó la baja pena aplicada, anticipando que apelarán por considerar que la jueza usó una atenuante que no fue pedida en el juicio.

El abogado defensor de los ahora condenados, Guillermo Cáceres, reconoció que una eventual apelación de la Fiscalía es posible, mas aún cuando existía un acuerdo respecto de la pena que se pidió y que era de tres años de presidio.

Quien reaccionó con visible molestia por los efectos que esta decisión puede generar, fue el dirigente de los camioneros de la zona, José Villagrán, quien asistió en calidad de público a la audiencia.

El Ministerio Público confirmó que esperará la sentencia completa para estudiar un recurso de nulidad, sin perjuicio de la parte querellante.

En este caso la compañía de Seguros BCI podría continuar la causa en la justicia civil, buscando recuperar el dinero que pagó a los condenados y que no ha sido devuelto.