El anuncio lo hizo esta mañana el senador Alejandro García Huidobro (UDI), tras una reunión que sostuvo con el ministro en visita Mario Carroza y el abogado querellante Cristian Letelier.

Recordemos que el juez Carroza se declaró competente en 12 de las denuncias que recibió por presuntas irregularidades en maternidades de clínicas privadas y también recintos asistenciales públicos, casos ocurridos entre fines de la década de los 70 y mediados de los 80.

Dichas irregularidades, que actualmente son investigadas por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones por orden del magistrado Carroza, apuntaban a que presuntamente las madres biológicas eran internadas en hospitales donde se les informaba que sus hijos habían nacido muertos, pero paralelamente las futuras madres adoptivas eran ingresadas otros recintos donde, se les hacía entrega del recién nacido que había sido sustraído.

El senador García Huidobro explicó que también hay casos registrados en recintos fiscales y que involucran a madres provenientes de la sexta región.

Hasta ahora el juez investiga casos ocurridos en las Clínicas Santa María y la desaparecida Carolina Freire, además de los hospitales públicos de Chillán, San Borja Arriarán, Barros Luco y Luis Calvo Mackenna.

El abogado Cristian Letelier, que representa a los padres que se querellaron en esta causa, informó que una monja, Sor María Graciela Soto, que fue identificada como nexo en las adopciones realizadas en el hospital Barros Luco, está siendo evaluada para ver si puede enfrentar un juicio debido a su avanzada edad que bordea los 90 años y a una eventual demencia senil.

El otro religioso presuntamente involucrado, Gerardo Joannon, ya fue interrogado por la Fiscalía Centro Norte, pero el juez Carroza debe evaluar si le toma una nueva declaración.