La violencia de género es un fenómeno que sigue azotando a las mujeres en los países de América Latina y el Caribe. Todavía resuena en muchos oídos la letra de “Un violador en tu camino”, del colectivo chileno “Las Tesis”, y las imágenes de la performance de ese mensaje en todo el mundo siguen en las redes sociales. Sin embargo, nuevos casos de violaciones de mujeres y niñas en América Latina vuelven una y otra vez a ocupar los titulares.
La violación de una niña indígena embera a manos del Ejército colombiano trascendió recientemente, así, como, a principios de junio, la definición por parte de un fiscal argentino de una presunta violación en grupo a una menor de 16 años ocurrida en 2012 en la provincia argentina de Chubut. El fiscal Fernando Rivarola definió ese delito como “accionar doloso de desahogo sexual”, y lo rebajó de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal” a “abuso sexual simple”. Los cuatro adultos imputados aceptaron, junto con la víctima, un juicio abreviado que los deja condenados a tres años de prisión en suspenso, libres de cárcel.
Vieron el comunicado del Ministerio Público Fiscal de Chubut? No solo persisten en el uso de la fórmula “desahogo sexual” como válida, sino que trata a “quienes no son abogados” de tarambanas…
No es un fiscal el problema, el problema es el derecho como institución patriarcal. pic.twitter.com/LSTBl5jrAB— Sabrina Cartabia (@MissOprostol) June 4, 2020
Asimismo, todavía hoy continúa la práctica aberrante del “chineo” o “rameo” en las comunidades indígenas de las provincias argentinas de Formosa, Chaco, parte de Salta y el norte de Santa Fe, en la cual se viola a mujeres menores de edad y adultas para someterlas, en un rito de iniciación sexual que data de finales del siglo XIX y es una de las manifestaciones de racismo y discriminación por género, etnia, edad y condición socioeconómica.
Hoy sigue afectando a las mujeres y niñas de las etnias wichí, qom, pilagá, moqoi, tapiete, chorote y chané de esa región argentina. Pero está claro que las violaciones de mujeres, niñas y mujeres trans atraviesa y golpea a toda Latinoamérica.
“Terrible desprotección” de mujeres y niñas indígenas
Las niñas y mujeres indígenas, y también otros grupos de mujeres, están sujetos en Latinoamérica a una triple discriminación: se las discrimina por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.
Se calcula que 25 millones de mujeres de pueblos nativos de América Latina y el Caribe se ven desamparadas y expuestas a la violencia, situación que se ha agudizado con la pandemia del nuevo coronavirus. El confinamiento y la imposibilidad de trabajar han agravado su falta de recursos económicos y, muchas veces, las dejan a merced de la violencia machista en sus hogares, violencia ejercida por parte de sus parejas y/u hombres de la familia o cercanos a ella.
“Nosotras usamos el término ‘violencias’ en plural”, dijo a DW la peruana Tarcila Rivera, líder indígena coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), una red integrada por más de 30 organizaciones indígenas de 23 países.
“La violencia doméstica, la violencia institucionalizada, la violencia sexual y el racismo, con su expresión en las discriminaciones, en la exclusión en las políticas del Estado y en la distribución de los presupuestos; el ser expulsadas y enajenadas de nuestros recursos naturales y nuestro territorio: esas son las múltiples formas de violencia que sufrimos las mujeres y niñas indígenas. Son formas de una violencia tremenda que daña nuestra autoestima, y limita todas nuestras posibilidades de crecer y acceder a mejores posibilidades”, explica. Tarcila Rivera fue, hasta 2019, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.
En cuanto a la violación de una niña embera en Colombia, perpetrada por miembros del Ejército de ese país, Rivera dice que “las niñas y las mujeres indígenas están en una situación de terrible desprotección, porque no se tiene garantías de seguridad sobre la vida, ni los cuerpos, ni por parte del Estado, como en este caso. El Ejército de un Estado debería velar por la integridad y la seguridad del pueblo. Y, sin embargo, tenemos este ejemplo terrible de Colombia”.
También menciona el caso de una niña de 12 años de la etnia guaraní, comunidad de Manduviyu, en el Departamento de Itapuá, Paraguay, que fue hallada muerta, el 29 de junio, en un maizal, víctima de una hemorragia aguda tras haber sido violada. El sospechoso de haber cometido ese crimen es un hombre de 26 años de su mismo pueblo.
“Prácticas nocivas” que hay que deconstruir
“Las violaciones de mujeres y niñas son hechos que, desafortunadamente, vemos que suceden continuamente en nuestra región y en el mundo, y tiene que ver con las prácticas nocivas hacia niñas y mujeres adolescentes y adultas, producto de una mirada hacia mujeres como mercancía, como objetos sexuales, como mano de obra gratuita”, dice Neus Bernabeu, Asesora Regional de Género y Juventud para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en entrevista con DW.
En el Informe Mundial de Población de UNFPA del 30 de junio de 2020, se tratan, además de las violaciones, temas como la ablación genital y el matrimonio infantil, este último, la “práctica nociva más recurrente en América Latina y el Caribe”.
De acuerdo con Neus Bernabeu, en la región, y en todo el mundo, “persiste la idea de que las niñas y mujeres no tienen el control sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su sexualidad. Estas prácticas nocivas son, a veces, costumbres o tradiciones culturales que provocan daños irreversibles en las niñas”, añade.
La violencia ejercida sobre el cuerpo y la psiquis de las mujeres es de amplio rango y va desde los castigos, la tortura física y psíquica, hasta la violación, que provoca embarazos y maternidades infantiles forzadas. “Esto está instalado en nuestras sociedades y, no solo no estamos haciendo lo suficiente para erradicarlo, sino que, muchas veces, somos cómplices de esas situaciones”, advierte la experta de la ONU.
Autoridades, instituciones, forman parte de un “sistema machista”
La tradición cultural del patriarcado atraviesa todos los estamentos de la sociedad: la política, la economía, la educación y la justicia. ¿En qué medida son cómplices las sociedades, los Estados y la Justicia de este estado de cosas? “Son responsables en varios niveles”, explica Bernabeu.
“Como Estados, tenemos instrumentos para que se respeten los derechos humanos, y la violencia sexual contra las mujeres está regulada en los marcos legales. Pero muchas veces no se cumple con ese marco legal, porque hay resistencia a hacerlo, o porque los derechos de las mujeres y las leyes que las protegen no se han difundido ni entre las niñas y mujeres, ni entre la ciudadanía en general, ni entre los servidores públicos”, agrega.
Eso tiene que ver con el machismo que persiste en nuestras sociedades, según Bernabeu. “Hemos sido criados en ese machismo, y las instituciones y los servidores públicos forman parte de ese sistema. Cuando hay que aplicar la ley, también las autoridades transmiten esa mirada de infravaloración de las mujeres, esa cosificación del cuerpo de las mujeres, y, por lo tanto, no están actuando como debería ser, según las leyes que los mismos Estados han aprobado”, subraya. Y dice que “por eso es muy importante cuestionar ese sistema y trabajar para deconstruirlo y construir nuevas masculinidades”.
La violación no es un acto sexual, sino un acto de poder
La violencia contra las mujeres toma diferentes formas, sutiles y explícitas, tanto en el hogar como fuera de él. Las violaciones y feminicidios son crímenes de género que tienen como fin, simbólicamente, someter a las mujeres. “La violación”, dijo la antropóloga Rita Segato en entrevista con La Vanguardia (14.04.2017), “es un acto de poder y dominación”.
Y añadió que “debe entenderse que es un error hablar de crímenes sexuales: son crímenes del poder, de la dominación, de la punición. El violador es el sujeto más moral de todos. En el acto de la violación, él está moralizando a la víctima. Yo he trabajado años entrevistando a violadores. Los abogados, los jueces, no están formados, no tienen educación suficiente como para entender qué es un crimen sexual”.
Según ella, el violador no es un ser anómalo, sino que “irrumpe en un contenido y en determinados valores que están presentes en toda la sociedad”. No está motivado por el deseo sexual, sino por el deseo de castigar a la víctima, o de demostrarle a otros hombres su poder. Para ella, lo que se debería corregir es el imaginario colectivo que impera sobre las mujeres y sobre el poder.
A la falta de conocimiento de los motivos de las violaciones se suma, incontables veces, no solo la inoperancia de las autoridades y la Justicia -como en el inexplicable fallo del fiscal argentino Rivarola-, sino también la revictimización de las mujeres violadas, en tanto se las culpabiliza de haber provocado la violación, ya sea porque estaban en el lugar en donde no tenían que estar, a horas en las que no debían encontrarse allí, vestidas con ropa que no debían llevar.
Ese tipo de inversión de roles que culpabiliza a la víctima y justifica al perpetrador es usual en casos en que las víctimas no cuentan con el reconocimiento como tales, y carecen de la protección que les corresponde para que se respeten plenamente sus derechos.
La violencia contra las mujeres y las niñas -sean indígenas, mujeres negras, mujeres blancas o mujeres trans- golpea con más fuerza cuando estas cuentan con menos recursos económicos y educativos, y no tienen acceso pleno a sus derechos, ya sea porque no los conocen, o porque no se les provee de información sobre ellos.
Neus Bernabeu dice que “hay que trabajar por tener marcos legales, servicios de prevención y atención que lleguen a las comunidades, porque muchas veces esas mujeres y niñas están totalmente desprovistas de cualquier tipo de servicio, de salud sexual y reproductiva, de atención de los daños causados por la violencia”. Y agrega que “hay que transformar también todos estos imaginarios y estas normas que están instaladas en nuestra sociedad y en nuestras instituciones”.
“¿Qué tenemos que hacer para que nuestras autoridades revisen y replanteen el sistema educativo para lograr más igualdad para las mujeres?”, pregunta Tarcila Rivera.
Para ella, “el deterioro ético en este sentido se da en toda la humanidad, es un tema público. Tenemos más de 250 recomendaciones específicas para que los Estados pongan atención a los derechos de las mujeres indígenas”, resalta. Y concluye con una pregunta, apelando, también, a la sororidad: “Si una mujer goza de plenos derechos, y no se la excluye ni discrimina, ¿acaso no querrá lo mismo para todas las mujeres?”
