Una sociedad se mide por cómo cuida a sus niños y niñas, pero también por cómo responde cuando ese cuidado fracasa.

Es incomprensible e inaceptable que se le diga a una familia que su hijo estará mejor protegido en un hogar distinto al propio y que, posteriormente, ese niño muera bajo dicha tutela.

Es igualmente incomprensible e inaceptable que quien resulta responsable de la muerte de un niño —sea por accidente, negligencia o cualquier otra causa— sea el mismo organismo que ofrece condolencias a la familia a la que se le había reiterado que el cuidado estaba garantizado.

Resulta incomprensible e inaceptable que se espere a determinar las causas formales de la muerte de un hijo para asumir la responsabilidad moral que le compete a quien estaba a cargo de su cuidado.

Es también incomprensible e inaceptable que quienes conocen la tragedia no puedan siquiera pedir perdón, debido a que ese gesto podría derivar en consecuencias de persecución penal o social. El silencio impuesto por el temor no puede sustituir el reconocimiento del daño causado.

Es incomprensible e inaceptable que un niño o niña muera ahogado, considerando que, sin la supervisión directa de un adulto, darse un baño de piscina no es una condición necesaria para la vida ni su bienestar.

Tal como ocurre en la mayoría de las muertes por asfixia de niños y niñas, tanto en Chile como en el resto del mundo, resulta incomprensible que estas muertes ocurran como consecuencia de la curiosidad infantil combinada con un descuido temporal o negligencia.

Cabe decir, con fundamento, que la gran mayoría de las muertes por asfixia son evitables. Es diferente de otros tipos de muerte, como aquellas provocadas por incendios, donde el fuego irrumpe en espacios que son lugar de vida, de protección y de alojo.

Ante la trágica muerte de un niño, se impone la compasión por la vida perdida y el reconocimiento del dolor inconmensurable de los adultos que no pudieron estar ahí para evitarlo. Hace un tiempo acompañamos en el duelo a un destacado columnista por la dolorosa muerte de su propio hijo tras caer de una piscina, y nos hicimos parte de sus afectos semana a semana. Él escribió:

“Hace un año murió mi hijo Clemente. Y todas las palabras, especialmente las que yo mismo he dicho, me parecen gastadas, sobran. Mancillan la sagrada zona muda del dolor. Son sólo las expresiones de diversos “yo” (del que dice) para ocultar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad no se dice en discursos, no está en la oferta de ideas hecha para calmar el dolor de la pérdida y que nuestra cultura y nosotros mismos hemos ido elaborando como estrategia de sobrevivencia legítima… ante un dolor que sabemos imposible”…

Responsabilidad y reparación

Cuando un niño muere bajo el cuidado de otros, resulta necesario permitir que se escriba y se nombre toda la cadena de errores que no reparará su partida prematura, pero que sí incide directamente en el proceso de duelo.

Esto no implica renunciar a la búsqueda de responsabilidades, sino reconocer que, sin espacio para el duelo, no existe posibilidad alguna de reparación.

Frente a una tragedia de esta naturaleza, no puede ser el mismo organismo negligente el que asuma la reparación simbólica y humana del daño. Esa tarea le corresponde a la sociedad en su conjunto y, de manera particular, a un organismo independiente (grupos humanos independientes y locales) que pueda acercarse a quienes atraviesan este doloroso e irreparable camino.

Cuando un niño muere bajo el cuidado del Estado, no estamos solo frente a un error, una omisión o una falla técnica: estamos ante una fractura ética que nos compromete. La muerte de un niño no puede ser tratada como un hecho administrativo ni resuelta únicamente en el lenguaje de los protocolos, los sumarios o los comunicados oficiales.

La búsqueda de responsabilidades es indispensable. Sin ese reconocimiento, no hay reparación posible. Cuando el mismo organismo que falló quisiera pretender cerrar la herida, la confianza se vuelve imposible y, desde luego, irrecuperable.

Por eso, la respuesta no puede recaer exclusivamente en quien fue parte del daño, sino que exige instancias capaces de hacerse cargo del dolor que queda, y son los deudos, quienes pueden identificarlas en primer lugar. Es necesario recordar que, para estos casos, son familias que ya vienen con una fractura arrastrada transgeneracionalmente, las pérdidas son, muchas veces, una constante.

Una sociedad se mide por cómo cuida a sus niños y niñas, pero también por cómo responde cuando ese cuidado fracasa. Lamentablemente es posible, la falla acontece dolorosamente en situaciones como estas y la justicia penal no puede ponderarla, pues hay otras dimensiones de la tragedia que muchas veces quedan sepultadas como son los asuntos de la ética del cuidado.

Respecto de este fallecimiento podemos decir que, sin verdad, sin responsabilidad ética y sin un compromiso real con la vida de cada niño y niña, cada muerte vuelve a ser -como lo ha sido por décadas- una advertencia ignorada. Y eso, simplemente, no es aceptable.

Matías Marchant
Académico Depto. de Psicología
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Chile

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