Cuando Chile arde, el voluntariado vuelve a aparecer

Cada verano, Chile entra en un estado de alerta casi permanente. Los incendios forestales avanzan sobre cerros, sectores rurales y zonas periurbanas con una frecuencia que ya no sorprende, pero que sigue desbordando las capacidades institucionales de respuesta. Cambian los territorios afectados y se actualizan las cifras, pero el patrón se mantiene: comunidades desplazadas, infraestructura dañada y una urgencia que obliga a actuar con rapidez.

En ese contexto reaparece una respuesta que el país conoce bien. Personas que llegan por iniciativa propia, organizaciones que activan redes, voluntarios que ofrecen tiempo, trabajo o conocimiento con escasa o nula instrucción previa. No se trata de un fenómeno nuevo ni excepcional. Es una reacción social que se ha ido consolidando en el tiempo, casi como un reflejo colectivo frente a la emergencia.

Esta respuesta, sin embargo, no es homogénea. Conviven expresiones espontáneas por parte de vecinos, estudiantes, incluso trabajadores de alguna empresa de la localidad, con un conjunto de organizaciones que han desarrollado capacidades específicas para operar en escenarios de crisis.

En incendios anteriores, como los de Valparaíso en 2014 o los del centro-sur en 2017, estas dinámicas ya estaban presentes. Hoy vuelven a activarse, con aprendizajes acumulados, pero también con limitaciones que se repiten.

Diversas organizaciones, como TECHO o ADRA, cumplen roles diferenciados pero complementarios. Algunas se concentran en la respuesta inmediata en terreno, otras en la canalización de recursos y otras en el acompañamiento psicosocial y comunitario.

Plataformas como Movidos por Chile buscan enfrentar uno de los problemas más persistentes del voluntariado en emergencias: la dispersión. Su función no es reemplazar la acción directa, sino contribuir a que la ayuda llegue donde efectivamente se necesita, reduciendo superposiciones, brechas territoriales y esfuerzos duplicados.

Existe, además, una dimensión del voluntariado que suele quedar fuera del relato público. No se expresa en cuadrillas o centros de acopio, pero es clave para sostener la respuesta en el tiempo. Es el voluntariado profesional, donde abogados, contadores, comunicadores y otros especialistas apoyan a organizaciones sociales que están en terreno.

Fundación Trascender ha desarrollado este enfoque, entendiendo que, en escenarios de emergencia, tan importante como la ayuda material es que las organizaciones locales puedan ordenarse, rendir recursos, postular a financiamiento y planificar la recuperación.

La Encuesta Nacional de Voluntariado 2025 muestra que estas prácticas no son marginales: una proporción significativa de la población participa en algún tipo de voluntariado, muchas veces de forma informal y comunitaria.

En un contexto de desconfianza institucional y baja participación política tradicional, este dato adquiere particular relevancia. Sugiere que, frente a la crisis, las personas siguen encontrando en la acción colectiva una vía legítima de involucramiento.

Realidad del voluntariado

Todo lo anterior abre una pregunta que suele quedar postergada. Si el voluntariado cumple un rol tan relevante en la respuesta a las emergencias, ¿por qué sigue operando casi exclusivamente desde la buena voluntad y no desde una política pública clara?

Chile no cuenta con un marco integral que articule formación, coordinación, protección y reconocimiento del voluntariado, ni en emergencias ni en contextos de normalidad.

La ausencia de ese marco no impide que el voluntariado exista, pero sí condiciona su alcance. Desde la Mesa Nacional de Voluntariado, liderada por INJUV y acompañada de varias organizaciones de la sociedad civil, hemos visto cómo genera descoordinaciones, expone a personas y organizaciones a riesgos innecesarios y dificulta que los aprendizajes de una emergencia se traduzcan en mejores respuestas futuras.

Con el tiempo, esta precariedad se normaliza, como si fuera una característica inevitable del paisaje institucional chileno.

El reciente cambio a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública incorpora, de manera aún incipiente, dos nuevos incisos en el artículo 19 relativos al voluntariado.

Esta modificación remite el tema a una normativa que no está diseñada específicamente para regular y traslada a las organizaciones la responsabilidad de administrar, gestionar y reconocer el voluntariado.

En la práctica, esto implica tratar una realidad que opera de forma transversal, tal como lo revelan las emergencias, desde un marco pensado principalmente para la vida asociativa formal, dejando sin resolver la necesidad de una política pública integral en la materia.

Los incendios que hoy afectan al país vuelven a poner estas tensiones sobre la mesa. No solo por la magnitud del daño, sino porque revelan, una vez más, cuánto descansa la respuesta social en la iniciativa ciudadana. El voluntariado aparece, como tantas otras veces, no porque esté planificado, sino porque alguien tiene que hacerlo.

Quizás el punto no sea únicamente celebrar esa disposición cada vez que emerge, sino preguntarse qué condiciones necesita para sostenerse mejor. No para transformarla en algo distinto, sino para reconocerla por lo que ya es: una práctica social extendida, con impacto real, que aporta cohesión en momentos en que esa cohesión se pone a prueba.

Pensar el voluntariado desde un lugar menos épico y más estructural puede ser un primer paso para dejar de tratarlo como un recurso de emergencia y comenzar a asumirlo como parte del funcionamiento regular de la sociedad.

Felipe Espinoza Arce
Cientista Político
Especializado en Gobierno y Gestión Pública