Señor Director:

Como docente, me duele ver cómo en algunos liceos emblemáticos de Santiago la llamada “protesta estudiantil” ha degenerado en un espectáculo de overoles blancos, capuchas y bombas incendiarias. Lo que antes podía ser un espacio de diálogo o disenso, hoy es sinónimo de riesgo para estudiantes, profesores y asistentes de la educación. El saldo es claro: compañeros heridos, docentes afectados y comunidades escolares que pagan un alto costo por actos que nada tienen que ver con el aprendizaje.

Es urgente identificar y sancionar a quienes impulsan a estos jóvenes a cometer delitos, porque es evidente que no actúan solos. Hay adultos que amparan o inspiran estas conductas, y es momento de que asuman su responsabilidad.

Como profesora, sé que el diálogo y la formación son herramientas poderosas, pero también sé que la autoridad sin respaldo no sirve. La solución pasa por aplicar de manera efectiva la Ley Aula Segura, respetar y fortalecer las facultades de los directores para sancionar a quienes cometan delitos en los establecimientos, y garantizar que estas decisiones tengan el respaldo legal y político necesario. Solo así podremos proteger a las comunidades educativas y devolverles un entorno seguro para aprender y enseñar.

Quienes elegimos esta profesión sabemos que educar no es solo transmitir conocimientos, sino también proteger. Cada vez que se enciende una bomba incendiaria en un colegio, no solo se quema infraestructura: se hiere la confianza, se rompe la convivencia y se erosiona la esperanza de un futuro mejor. La educación se defiende con respeto, disciplina y compromiso, nunca con fuego ni amenazas.

Mirtha Encina Ovalle
Profesora

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