Sin tener relación alguna con el Frente Amplio ni menos con el comando de Gabriel Boric, en nuestra columna de opinión publicada el pasado martes 14 de diciembre en la radio dijimos con convicción por qué iba a votar por él, dando a conocer algunas groseras situaciones en el aparato público, las que nunca más deberían repetirse, señalando entre otras cosas, que “si gana Boric, existirá la posibilidad de que en La Moneda se instale una administración proba y transparente que conduzca al país en la senda del crecimiento económico, con estabilidad y respetuoso de las leyes, con énfasis en erradicar progresivamente la inequidad y con mucha competencia en los mercados”.
El domingo pasado tuvimos un impecable proceso eleccionario, mis felicitaciones al Servel, con una sola falla imputable a las autoridades del ministerio de Transportes, las que, con hidalguía, ya se excusaron públicamente.
Ahora bien, todos sabemos que es indispensable erradicar los abusos y la instalada corrupción, pues esta lacra impide el correcto funcionamiento de los mercados, motivo por el cual sería necesario aumentar el aporte de recursos que el Estado le entrega a la Contraloría General de la República para que ésta pueda disponer de una mayor plantilla funcionaria y por lo tanto ejercer mejor su rol.
En el año en curso la Contraloría recibirá unas 35 mil denuncias, cifra que da cuenta de la confianza ciudadana en esa institución, que con el contralor Jorge Bermúdez mejoró enormemente su rol en comparación con las anteriores administraciones. Recordamos que, durante el período de Ramiro Mendoza, por el cual sentimos bastante respeto, se nos heredó el PacoGate por que ingenuamente se consideró que la institución Carabineros de Chile estaba en condiciones de investigar internamente los primeros indicios de ese enorme fraude al fisco. En cambio, ahora fue la Contraloría la que inició sumarios contra los jefes de Carabineros que no actuaron para detener los excesos de sus subalternos. La superioridad de dicho cuerpo de seguridad, para no cumplir las sanciones, llamó a retiro a los funcionarios sancionados.
En plena dictadura, en el año 1985, se creó el Capitulo Chileno del Ombudsman, para diseñar y perfeccionar el sistema democrático, el que debería ser un órgano autónomo e independiente que tendría por misión Defender al Pueblo de los abusos y arbitrariedades de aquellos que ejercen el poder. Demás está decir que esta figura existe en la gran mayoría de los países democráticos del mundo.
En nuestra débil democracia ha habido varios intentos para que se disponga de esa indispensable institución, pero nuestros parlamentarios siempre han encontrado motivos para no legislar al respecto, lo cual es bastante sintomático y por ello esperaríamos que el presidente electo anuncie su creación.
En los ámbitos de vivienda, urbanismo y medio ambiente se requiere una reingeniería profunda pues los organismos públicos que fueron creados para fiscalizar el cumplimiento de la normativa de cada uno de esos sectores sistemáticamente sucumben a las presiones de los actores que promueven grandes inversiones. Todos sabemos que incumplir la normativa reduce el costo de los proyectos y por ende aumenta su rentabilidad.
Hay oficinas completas de asesores cuyo trabajo consiste en reducir el costo de las obras y después se enorgullecen de ello. Esa fuerza del mercado salvaje es poderosa y en tal sentido habría que ponerle coto. Otra fuerza malévola son los afanes de ciertas autoridades que se obsesionan con grandes obras, aunque sean malas ideas o incluso ilegales, razón más que suficiente para que en el nuevo gobierno se elimine la oficina eufemísticamente llamada Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) radicada en el Ministerio de Economía, conformada por funcionarios lobbystas expertos en buscar resquicios legales.
Ejemplo de lo anterior es el Hospital Zona Norte en Colina, donde el ex alcalde Olavarría destinó, a través de una “corporación funcional”, UF 100.000 del presupuesto municipal comprando un predio rural de 5 hectáreas, asumiendo que se transformaría en urbano, gracias a las hábiles gestiones del Seremi de Vivienda Manuel José Errázuriz. La nueva alcaldesa de Colina de apellido Valenzuela ahora debe cargar esa pesada mochila y tendrá que tomar acciones para impedir que se cause un grave detrimento al patrimonio de la municipalidad.
Por ese caso y múltiples otros, durante esta administración que ya termina no tuvimos descanso denunciado en la Contraloría situaciones irregulares autorizadas por los organismos competentes: el último ejemplo, es una planta solar autorizada en un parque declarado de uso público, pues 4 instituciones públicas recibieron oficios donde la Contraloría les pide informar por qué se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, siendo incompatible con la normativa territorial. Estamos seguros que a partir del 11 de marzo de 2022 estos “errores” no se cometerán.
Pensamos que no corresponde tener un organismo fiscalizador encima de los funcionarios mirando cada oficio que escriben. En rigor, esos funcionarios deberían denunciar a sus jefes de turno cuando reciban instrucciones que no respeten el marco legal. Si ese control interno no funciona, entonces las sanciones de la Contraloría deberían aplicarse rápidamente y ser ejemplificadoras, lo que actualmente no sucede. En los países del primer mundo, ser funcionario de la administración pública es un honor porque se les reconocen sus amplios conocimientos y experiencia, pero sobre todo su recto actuar en beneficio de la comunidad.
Eso era así en nuestro país varias décadas atrás, cuando por el MOP recibía a los mejores ingenieros para diseñar y construir obras públicas que todavía perduran. Sabemos que después vinieron las concesiones y ese ministerio pasó a tener un rol secundario, dedicado básicamente a escribir bases de licitación y adjudicar contratos para los inversionistas. Esa probablemente es la causa de que se derrumbaran, el 27/02/10, los pasos superiores de la autopista Américo Vespucio Norte o que el puente Cau Cau en Valdivia todavía se deba alzar con gatas hidráulicas. Con el neoliberalismo imperante, el país ya no tiene la capacidad técnica suficiente para que las cosas se hagan bien.
Finalmente, tenemos la certeza de que el nuevo ministro de Vivienda ejercerá sus atribuciones legales para que la fiscal adjunta, Giovanna Herrera, pueda investigar en profundidad el caso de corrupción de los guetos verticales ilegales autorizados por la administración anterior de la Municipalidad de Estación Central, asunto que hemos publicado en esta tribuna. Sobre ello, con fecha 20 de diciembre de 2021, le enviamos una descriptiva nota al actual Director de Obras Municipales, con copia al nuevo alcalde Felipe Muñoz, pues hasta ahora, todos los organismos públicos relacionados con el asunto, demostrando una profunda timidez funcionaria, se han negado a cumplir sus roles, por lo tanto, buscando impunidad en ese funesto episodio.
En todo caso, no podemos perder de vista que en un país tan desigual como el nuestro, tuvo mucha importancia en el discurso de Boric, la implementación de los derechos sociales, teniéndose presente que los buenos empresarios, aquellos mayoritarios que no instalan pretextos para saltarse las leyes, continuarán con sus inversiones y por ello si al próximo gobierno le va bien, todos los chilenos estaremos mejor que antes.
