Desde octubre de 2019 diversas víctimas de la represión institucional ocurrida durante el estallido social y la revuelta que trajo consigo, han debido enfrentar diferentes cambios radicales en sus vidas, el impacto psicológico, nuevos modelos de vida a propósito de las lesiones causadas por la policía, militares y/o funcionarios de la PDI, además de una respuesta estatal deficiente para responder por las violaciones a los derechos humanos.

Solo por mencionar algunos aspectos, las víctimas deben lidiar con investigaciones paralizadas por la mezcla entre los efectos suspensivos de la pandemia y la desidia de algunos fiscales a tramitar diligencias básicas en sus casos, en oposición a la intensa investigación de hechos donde los manifestantes son acusados de cometer delitos, que en condiciones “sin revuelta” no serían penalmente relevantes. Por otra parte, la gran mayoría continua en largos y extenuantes tratamientos médicos, que en los casos de víctimas de lesiones oculares, serán prácticamente de por vida; sin mencionar los jóvenes que están experimentando estrés post traumático, problemas para conciliar el sueño, repetición constante en su cotidiano del momento en que fueron atacados, temor a continuar con las acciones legales contra la policía y la autoridad políticamente responsable, sumado a la imposibilidad de realizar sus vidas tal y como lo hacían previo a la violencia estatal.

A todo esto se suma el derecho y la legítima necesidad de reparación eficaz y oportuna, en varios casos los abogados han decidido iniciar acciones civiles sin esperar la avanzada penal, encontrándose con defensas de parte del Estado que dicen relación con la supuesta exposición al riesgo de parte de las víctimas ( que de acogerse implicaría bajar intensamente el estándar de una eventual reparación y que la víctima asuma gran parte del daño sin más), como una especie satanización del derecho a la protesta social, entre otro tipo de defensas técnicas, que encuentran asidero justamente en la falta de rigurosidad, oportunidad y compromiso de la labor de investigación, salvo ciertas excepciones centralizadas en las violaciones ocurridas en Santiago. Es decir, la justicia a lo largo del país no es la misma, sumado a la falta de profesionales en las Brigadas de Investigación de DDHH para abarcar la masividad de los casos. Para que hablar del Servicio Médico Legal y los protocolos de Estambul que deberían estar realizando, la realidad en la práctica es tan dramática, que este servicio lo está supliendo el Colegio Médico, situación anormal que parece no espantar a nadie.

En este contexto, se hizo un llamado desde el INDH para que las víctimas de violaciones a los DDHH que lo deseen puedan postular a una pensión de gracia contemplada en la Glosa 12 de la ley de Presupuesto 2021, otorgada por decisión del Presidente de la República. Primero cabe precisar que una pensión no es una compensación económica, es un beneficio enfocado en términos previsionales, no implica una evaluación integral del daño, ni tampoco el monto se fija en base a ese criterio, así también lo ha establecido una basta jurisprudencia en casos de reparación en el contexto de la dictadura.

Ahora bien, erradamente se comunica que existiría una “evaluación” por el Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, lo cual no es más que un paso por este dpto. que remite los antecedentes al COMPIN, quien debe evaluar si cada caso califica en el criterio fijado por la glosa 12, a saber: “se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.” Es decir, por una parte implica un reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el contexto de la revuelta social, pero exige como requisito un menoscabo permanente, dejando fuera a las personas que sufrieron menoscabos provisorios, centrando además el menoscabo en el ámbito laboral; por ende, una persona que no trabajaba previo al estallido social y que fue lesionado por funcionarios policiales, planteo la pregunta: ¿no califica ya que no habría un menoscabo?. Una persona que fue lesionada y sufre otro tipo de menoscabos que no sean vinculantes a la capacidad de trabajo, es claro que tampoco calificará.

Es necesario tomar en cuenta que la pensión de gracia por naturaleza es incompatible con otro tipo de pensiones contributivas y no contributivas, es decir, por ejemplo, una joven que ya optó por tramitar la pensión de discapacidad por daño ocular, tiene que escoger entre ambas pensiones; lamentablemente esta misma situación les ocurrió a los sobrevivientes de posición política y tortura, pese a que muchos fueron exonerados y torturados, tuvieron escoger entre ambos tipos de pensiones como si una de esas realidades jamás hubiese ocurrido. Esto, a lo menos, es un dispositivo burocrático que termina ocultando la realidad.

Bajando las cosas a lo práctico, una pensión de discapacidad o invalidez, en promedio permite acceder a un monto mensual de $164.356 y la pensión de gracia ofrecida se calcula sobre la base de un ingreso mínimo no remuneracional, o sea, no es un sueldo mínimo, sino que a la fecha alcanzaría los $217.017.

Transparento que realicé la consulta al órgano respectivo y no existe claridad sobre la extensión en el tiempo del pago de esta pensión, o sea, está abierto el proceso sin que las personas puedan saber a qué están postulando, un elemento básico para tomar la decisión de si postular o no la calificación, sumado a que no será retroactiva a la fecha de ocurrido el hecho. Además, es relevante porque la experiencia en tramitación de casos sobre reparación en contexto de dictadura da cuenta que el Estado cuando es demandado, se defiende alegando excepciones de pago bajo la figura de “pensiones”, las asimilan a la reparación hasta el punto de señalar que sumadas a los museos, estatuas y servicio PRAIS, constituyen “reparación integral”; por lo tanto, no sería extraño que esta pensión de gracia, poco explicada, poco discutida, poco informada, poco socializada, poco clara, termine siendo un buen argumento para la defensa del Presidente sobre su responsabilidad en las violaciones a los DDHH y un saludo a la bandera en términos de reparación para las víctimas, sometiéndolos a procesos de revictimización secundaria a cambio de incertidumbre y desazón. Razón por lo cual urge tener claridad sobre el real objetivo de este tipo de pensiones y la postura del Estado frente a la necesidad de cumplimiento de sus obligaciones en materia de reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, bajo los estándares que exigen los tratados internacionales, ya que resulta evidente que esta glosa solo profundiza las dudas.

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