Recientemente, la presidenta del Colegio Médico criticó en una entrevista dada a un medio independiente la gestión del gobierno en lo que va de pandemia. Las críticas parecen legítimas en el fondo, sobre todo en aquello referente a la poca importancia prestada a las recomendaciones técnicas dadas por el mismo Colmed o la Mesa Social de salud. Esto, contrarrestado con la ya sabida y excesiva dependencia que ha tenido el gobierno en la toma de decisiones durante la pandemia de “ingenieros comerciales que se creen epidemiólogos”. Las declaraciones de la Dra. Siches, más que por el fondo, fueron cuestionadas en la forma en cómo fueron expresadas, la que no estaría “a la altura” de lo que se espera de una autoridad de uno de los gremios más importantes del país.
No obstante, a la par de esta polémica, y ciertamente con mucha menos publicidad, fue publicada una carta de parte de los 29 directores de los Servicios de Salud, difundida incluso a través de sus redes sociales institucionales, criticando el fondo y forma de las declaraciones de la Dra. Siches. Al cierre de esta misiva, los directivos señalaron en bloque que la gestión de la pandemia por parte del Ministerio de Salud ha sido “extraordinaria”. Es decir, fuera de lo común, muy buena, excelente. La carta fue firmada por 29 profesionales elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública, o sea, funcionarios públicos que trascienden a los gobiernos de turno, y que pertenecen a la administración profesional del Estado.
La declaración llama la atención, ya que en la misma semana un instructivo prohibió a los directores de hospitales hablar acerca de la situación de las camas críticas en sus dependencias. Sin embargo, una declaración exaltando la gestión del gobierno parece no estar sujeta a esa ley mordaza. Sobre las excelentes gestiones sí se puede escribir una carta sin problemas.
Es paradójico que esta “espontánea” respuesta a la carta de la presidenta del Colegio Médico ocurra así por casualidad. Sobre todo porque ninguno de los directores de los servicios de salud habían sido mencionados por Izkia Siches en la entrevista que generó la polémica.
Más aún, llama la atención que la calificación de extraordinario, es decir nota 7 , lograse la unanimidad de todos los directores de servicios de salud. Es probable que solo las declaraciones del politburó del Partido Soviético, o las elecciones en la Cuba de Castro tuviesen tanta unanimidad. ¿Cómo es posible que entre veintinueve profesionales ni uno solo haya considerado que el gobierno merecía una nota roja, o al menos un 5 o quizás un 6? ¿Ni siquiera dos médicos discreparon? ¿O habrían sido acusados de “thoughtcrime” al estilo orweliano?
La carta, con la unanimidad en su pronunciamiento y su completa obsecuencia con el poder político de turno, es, desgraciadamente, el reflejo de la profunda crisis en la que se encuentra la administración profesional del Estado. Presuntamente se busca elegir a los mejores, en base al mérito, con el fin de gestionar algo esencialmente técnico como lo es la dirección de un servicio de salud, pero gobierno tras gobierno, sea de izquierda o derecha, terminamos colocando solo a funcionarios de confianza política. Al amigo, al que nos va a cuestionar menos, al militante que ordenará las lealtades con el gobierno que ahí lo puso, al que después será candidato por mi sector en alguna elección, al “buen soldado”. El dato es decidor: en cada gobierno, que hoy duran 4 años, el 80% de los directores de hospitales han sido renovados. En la práctica, la Alta Dirección Pública no existe, solo los favores políticos.
De alguna manera, esto le da la razón a los directores de los servicios de salud en sentirse interpelados por la Dra. Siches: ellos no son parte de la administración profesional del Estado, sino parte del gobierno de turno, tal como un ministro o un subsecretario.
Esto tiene que cambiar. Poco va a importar que sumemos recursos en salud, si en la práctica nos seguimos engañando, y quienes administran las instituciones de mayor nivel técnico del Estado, siguen siendo elegidos sobre la base de criterios políticos. Ojalá, entonces, no perdamos la oportunidad de que en la nueva Constitución se establezca como prioridad la existencia de un Estado Profesional, que no sea simplemente capturado por cada gobierno de turno y que actúe como un efectivo factor de cohesión social, que permita hacer realidad los derechos sociales que demandan las personas.
Por Juan Carlos Said
Master en Salud Pública
Médico Internista
