Este Comité de Patrimonio comunica su rotundo rechazo a la destrucción del patrimonio arquitectónico, el cual, nuevamente, se ha visto afectado durante los últimos acontecimientos conmemorativos. Tanto en nuestra ciudad de Concepción como en otras zonas del país, se suman más de 1.000 obras patrimoniales que sufrieron un daño voluntario durante el último año. Este pronunciamiento y rechazo no pretende posicionar el valor de un bien material por sobre el de la vida o salud de los individuos pero es nuestro deber y responsabilidad sacar la voz por aquellos bienes que forman parte de nuestra historia.

Entre las diferentes definiciones, se recalca que el patrimonio arquitectónico y urbano es el conjunto de bienes edificados heredados del pasado de un país, de una ciudad o de una comunidad. Es decir, un bien que forma parte de la memoria colectiva, sean a nivel país o de barrio, ya que puede ser parte de la vida e historia de cada uno de sus ciudadanos.

Las causas de los mencionados hechos destructivos, podrían estar resumidas por dos líneas o tendencias. La primera está relacionada con la desvaloración de nuestro patrimonio. Su conocimiento a través de la educación tendrá la consecuente valorización de la obra. El sentimiento de pertenencia alimentará también la fuerza y el coraje necesario para cuidar y defender algo que es parte de nuestra vida e historia ya que el desentendimiento del cuidado del bien público es provocado por la temerosa sensación de no tener derecho a condenar un acto indebido.

El Estado es un actor importante en dicha labor de salvaguardia, sea a través de la educación, la legislación y el financiamiento pero también se necesita una cultura del patrimonio donde cada ciudadano se empodere y defienda su patrimonio, ya que su valor es un derecho propio. La aplicación del principio del “Escudo Azul” puede contribuir, aunque sea sutilmente, a la protección de la obra.

La segunda está más bien relacionada con el acto irracional, que supera la valoración o el entendimiento de ciertos principios esenciales que son propios de la buena convivencia en un sistema democrático como el nuestro. En este sentido, cabe entender que ninguna formación sobre el patrimonio podrá superar el peso de valores erróneos y dañinos donde la violencia y la destrucción es la principal forma de expresión. Tal como lo declaraba Asimov, “La violencia es el último recurso del incompetente”.

Desafortunadamente, la creciente percepción de una condena judicial y social cada vez más ausente y poco probable, alimenta una peligrosa la sensación de impunidad. El título X de la Ley de Patrimonio que determina las sanciones por el daño causado a un Monumento es otra herramienta que debería ser mayormente aplicada. Independientemente de los acontecimientos, frente a la conducta destructiva y violenta no debería haber matices de grises, sino blanco y negro. No debería haber espacio para las justificaciones sino un intransigente rechazo.

Comité de Patrimonio
Colegio de Arquitecto Delegación Concepción