Opinión
Lunes 07 octubre de 2019 | Publicado a las 12:24 · Actualizado a las 07:13
Miente, miente que siempre algo queda
Por Tu Voz
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Desde hace algunos a√Īos la ciudadan√≠a est√° m√°s informada y por ello ha estado haciendo valer sus derechos urbanos en las instancias administrativas y judiciales, pues muchos actores inmobiliarios han obtenido, de parte de las Direcciones de Obras Municipales (DOM), innumerables permisos de edificaci√≥n contrarios a derecho, lo que ha significado la emisi√≥n de unos cuantos dict√°menes de la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica y fallos de la Corte Suprema, que han establecido las ilegalidades de esos permisos. El caso m√°s bochornoso es el conocido como los guetos verticales edificados con aproximadamente 60 permisos ilegales en la comuna de Estaci√≥n Central.

Como consecuencia de ello, h√°bilmente la C√°mara Chilena de la Construcci√≥n (CCHC) y los titulares de esos actos administrativos il√≠citos, con el apoyo corporativo de esa industria, entre todos ellos, han ejercido una feroz campa√Īa de desprestigio en contra de la Contralor√≠a argumentando que dicho ente fiscalizador no tiene atribuciones para revisar este tipo de permisos. Estos influyentes empresarios sab√≠an que la Contralor√≠a s√≠ tiene que ejercer su rol de control de los permisos que les son denunciados, pero aprovechando sus √≠ntimas relaciones mercantiles con la prensa en papel tradicional y con la televisi√≥n, han estado repitiendo la monserga indicada.

Como sus vociferantes reclamos no han surtido efecto, ni en la Contralor√≠a ni en los tribunales de justicia, estos empresarios recurrieron ante el Ministerio de Vivienda y ante el Ministerio de Econom√≠a para que, entre ambos servicios del Estado, buscaran f√≥rmulas de ayuda a sus intereses privados. Con el razonamiento de que hab√≠a que combatir la burocracia, el segundo de estos ministerios, se√Īal√≥ p√ļblicamente que era urgente otorgar mayor certeza jur√≠dica a estos permisos y adem√°s agilizar sus otorgamientos por parte de las DOM.

Y el lunes 30 de septiembre pasado se public√≥ en el Diario Oficial el Decreto Supremo N¬ļ 14 que modific√≥ la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que es el reglamento de la ley respectiva, firmado por el presidente Sebasti√°n Pi√Īera en conjunto con el ministro del ramo Cristi√°n Monckeberg. Algunos medios de prensa ingenuamente aseguraban que con ese Decreto se establec√≠a a todo evento la certeza jur√≠dica para tales permisos, conforme al deseo de los grupos inmobiliarios.

Pero curiosamente, el mismo d√≠a 30 de Septiembre, lo que significa un evidente acuerdo a trav√©s de lobbystas, el diario El Mercurio en primera p√°gina, con letras grandes, publica “Vivienda fortalece legalidad de los permisos de edificaci√≥n emitidos por directores de Obras Municipales” y el diario La Tercera, tambi√©n destaca la noticia en su portada, con t√≠tulo “Minvu emite decreto que destraba proyectos inmobiliarios”, con lo cual la opini√≥n p√ļblica profana en esta materia, tuvo que creer esa mentira divulgada con tanto inter√©s. Y en editoriales posteriores esos medios insist√≠an en que el asunto estaba resuelto con dicho Decreto Supremo respecto de la buscada certeza jur√≠dica.

Est√° claro que la voraz industria de la construcci√≥n intentaba darle una aureola bendita a todos los permisos de edificaci√≥n, aunque fueran contrarios a derecho, pero ello no fue posible en la tramitaci√≥n y posterior publicaci√≥n del mencionado Decreto Supremo, ello por la vigencia desde el a√Īo 2003 de la Ley N¬ļ 19.880 del Procedimiento Administrativo, teni√©ndose en cuenta que un reglamento no puede ir en contra de una ley.

En ese Decreto Supremo se agreg√≥ al art√≠culo 1.1.3 de la OGUC que “los permisos, aprobaciones y autorizaciones emitidas por los Directores de Obras Municipales gozan de una presunci√≥n de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios…”, expresi√≥n contenida en la referida Ley N¬ļ 19.880, luego hubo un copy-paste, pero el Minvu omiti√≥ aludir que esta misma ley manifiesta con suma claridad que “la autoridad administrativa podr√°, de oficio o a petici√≥n de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos a√Īos contados desde la notificaci√≥n o publicaci√≥n del acto‚ÄĚ. Esta puntual situaci√≥n era sobradamente conocida por ambos diarios y si la omitieron fue por la acci√≥n de los interesados.

En resumen, aquí nada cambió razón por la cual todos los permisos mal otorgados pueden y deben ser objetados administrativamente, ya sea en la propia DOM, ante el alcalde, en la Seremi de Vivienda y Urbanismo y en la Contraloría y si se desea en los tribunales de justicia optándose por la vía jurisdiccional y desde esta tribuna, que sí cultiva la libertad de expresión, le decimos a los pechugones inmobiliarios que la certeza jurídica se obtiene con proyectos que respeten el estatuto legal aplicable, lo que es relativamente sencillo.

Por lo anterior, si la CCHC y sus asociaciones empresariales adláteres, aspiran a que el mercado funcione correctamente, sin información privilegiada y con actores que compitan lealmente en la oferta de viviendas y equipamientos comerciales, se debe hacer una profunda reingeniería al interior de esa industria.

Patricio Herman

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