Eran las cuatro y media de la madrugada de ese 27 de febrero y una niña de 12 años corre hasta la plaza del poblado San Juan Bautista para tocar el gong y alertar el peligro que corría Juan Fernández, en donde el terremoto se había sentido solo como un leve temblor.

Varios vecinos corrieron a buscar refugio, pero otros fueron alcanzados por las olas que se internaban con furia asesina por la isla.

La onda marina había viajado a 800 kilómetros por hora desde el epicentro, frente a la costa del Bío Bío, golpeando con ímpetu a la ínsula por el suroeste y generando enormes remolinos en la bahía.

La fuerza del mar arrancó de cuajo las vigas del gimnasio de la isla, arrastrándolas 15 metros al fondo marino, al igual que redes y aparejos de pesca, electrodomésticos, viviendas, automóviles, una que otra embarcación… y también mujeres, niños y ancianos que no pudieron escapar.

Entre ellos estaba el pequeño Joaquín Ortíz, conocido como “Puntito”, quien quedó atrapado junto a su madre al interior de su casa, arrastrada por el mar, sin que hasta la fecha se haya podido recuperar su cuerpo.

Días después del desastre, a la orilla del mar se instaló un improvisado cementerio con sencillas tumbas cavadas en la tierra, con cruces de madera adornadas por flores de diversos colores. Allí también quedaron hechas las excavaciones para los que el mar no devolvió, como “Puntito” y su amigo Javier Escalona.

Juan Fernández, tras el tsunami | Jorge Amengual | Agence France-Presse
Juan Fernández, tras el tsunami | Jorge Amengual | Agence France-Presse

En el continente, en tanto, el terror ya se había apoderado de la población, que bruscamente se había despertado una hora antes con el movimiento telúrico, a las 3:34. Algunos no pudieron mantenerse en pie, mientras a su alrededor caían muebles y en las cocinas se escuchaba el estrépito de la loza cayendo al piso.

Algunos gritan, las alarmas de los autos se activan con el fuerte movimiento que parecía no tener fin, el alumbrado público se apagó en gran parte del país dejando en penumbras a millones de chilenos, algunos de los cuales nunca habían vivido un terremoto.

Apenas media hora después del terremoto, una serie de olas comenzaron a golpear la costa, desde Llolleo, en la región de Valparaíso, hasta Puerto Saavedra, al sur de La Araucanía.

Registros gráficos abundan en redes sociales, pese a que en la época no se contaban con tantos medios tecnológicos como ahora, con celulares con cámaras de alta definición. Aun así, es posible ver videos con el implacable avance de las olas por las calles de Penco, o el mar devastando todo a su paso por Dichato arrastrando autos y casas, cuyos techos apenas sobresalen del agua furiosa.

En Constitución, las imágenes muestran el agua entrando por el río Maule atrapando a los cientos de turistas que acampaban en las islas Orrego y Cancún.

En el puerto de Talcahuano grandes barcos pesqueros y contenedores quedaron “estacionados” en las principales calles, como mudos testigos de la furia de la naturaleza.

Efectos del Tsunami en Talcahuano | Agencia UNO
Efectos del Tsunami en Talcahuano | Agencia UNO

De hecho, aún es posible ver en la península de Tumbes algunas caletas “fantasmas”, como Candelaria y Puerto Inglés, donde hay casas semidestruidas de algunos pescadores y algueros que alguna vez dieron vida a ese sector.

La polémica por las diferencias en las cifras

Según un documento del Ministerio del Interior de enero de 2011, se estableció que la tragedia dejó un saldo total de 525 muertos y 25 desaparecidos.

Por otra parte, la Fiscalía Nacional elaboró un catastro de víctimas del tsunami que azotó las costas de nuestro país tras el movimiento telúrico, cifrando en 156 las víctimas fatales. Mientras que de los 25 desaparecidos, estableció que 11 son mujeres y 14 varones.

Para llegar a estos números se debió sortear una serie de complicaciones en el levantamiento de la información, que en una primera instancia arrojó un saldo de 506 muertos y 167 desaparecidos.

Esta cifra aumentó drásticamente en un reporte que entregó la Oficina Nacional de Emergencias el 3 de marzo de 2010, donde se consignaron 799 fallecidos. Esto, lejos de dar tranquilidad, aumentó las críticas ante la posibilidad de que se trataran de números “inflados”.

Memorial en Isla Orrego | Juan Gonzalo Guerrero | Agencia UNO
Memorial en Isla Orrego | Juan Gonzalo Guerrero | Agencia UNO

Frente a los cuestionamientos, el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet, decidió elaborar un nuevo balance que entregó cinco días después pero incluyendo solo a las víctimas que habían sido identificadas, con lo cual el número alcanzó las 497 víctimas fatales.

Con el cambio de mando en La Moneda el 11 de marzo, el nuevo subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, anunció que se realizaría un nuevo listado. Ocho días después, se contabilizaron 452 fallecidos, de los cuales 359 estaban identificados con su RUT y causa de muerte.

Pero nuevamente se cometieron errores que quedaron en evidencia luego que aparecieran nombres y RUT repetidos. Finalmente, el 31 de enero de 2011 el Ministerio del Interior publicó un listado final donde se estableció la cifra de 525 muertos y 25 desaparecidos en la tragedia.

¿Dónde habría estado el problema?

Según señaló a Ciper el entonces subsecretario Ubilla, el error se habría generado en que hasta ese entonces en una catástrofe cada Municipalidad debía recolectar los datos, números que la Onemi simplemente recibía y luego replicaba.

Y por otro lado, los hospitales habrían reportado muertes que no estaban asociadas directamente a la tragedia, o que muchos desaparecidos simplemente habían sido dado por muertos, pese a estar en albergues o en algún centro asistencial. De hecho, muchos de quienes no se sabía su paradero, fueron posteriormente encontrados en refugios o entre los cerros donde habían arrancado en una primera instancia.

A su vez, el anterior subsecretario del Interior, Patricio Rosende, atribuyó los problemas a que hubo una importante cantidad de personas reportadas como desaparecidas por otros familiares, con los que habían perdido comunicación debido a la imposibilidad de tomar contacto.

Isla Orrego, el lugar con más desaparecidos

De acuerdo al documento del Ministerio del Interior, Isla Orrego, frente a Constitución, fue el lugar donde se reportaron más desaparecidos, llegando a las 10 personas.

Un peritaje posterior de la Fiscalía, demostraría que esa noche personal de la Armada se habría demorado menos de cinco minutos en evacuar las islas Orrego y Cancún, en la desembocadura del río Maule. No obstante, según el testimonio de un sobreviviente que nadó hasta la otra orilla en busca de ayuda, los marinos no hicieron caso porque la información que manejaban era que no había alerta de tsunami.

Vigilia en Constitución | Juan Gonzalo Guerrero | Agencia UNO
Vigilia en Constitución | Juan Gonzalo Guerrero | Agencia UNO

En Juan Fernández se contabilizaron cinco desaparecidos, entre los que se cuentan los pequeños Javier y Joaquín. Aunque la familia de este último, conocido entre los isleños como “Puntito”, ha señalado su conformidad pese a la tragedia, puesto que a su juicio lo mejor que pudo pasarle fue haber quedado en el lugar que más amaba.

En Curanipe, por su parte, se les perdió el rastro a tres veraneantes que se encontraban en el camping municipal, el que fue arrasado por las olas esa madrugada.

Así también en Pichilemu, Lebu, Lota y Tirúa se reportaron siete desaparecidos en total.

No hubo justicia en el Caso Tsunami

Si bien lo sucedido llegó hasta los Tribunales, gracias a un acuerdo alcanzado por la Fiscalía con los seis imputados del denominado caso Tsunami, éstos nunca llegaron a un juicio oral por la fallida alerta de maremoto que significó la muerte de 105 personas.

Las condiciones para aplicar la suspensión condicional del procedimiento incluían pedir perdón, no reincidir por un año y pagar compensaciones económicas.

Estas últimas se tradujeron en dos pagos que debieron realizar, en octubre de 2016 y en marzo de 2017, el exsubsecretario del Interior, Patricio Rosende ($75 millones); la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández ($39 millones); Johaziel Jamett ($5 millones); además de los exfuncionarios del SHOA, Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez ($39 millones c/u).

De paso, debido a este acuerdo no se pudieron conocer testimonios en estrado, como la declaración de la entonces presidenta, Michelle Bachelet, quien fue sacada de la investigación por la fiscal que estuvo un tiempo a cargo del caso, Solange Huerta.

Esta última, posteriormente dejó el Ministerio Público para asumir como directora del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Imagen de archivo del 27 de febrero de 2010 en la Onemi | Agencia UNO
Imagen de archivo del 27 de febrero de 2010 en la Onemi | Agencia UNO