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Sin embargo, también es necesario mirar con detención algunas cuestiones que deben considerarse a la hora de completar el reglamento que dará viabilidad real a la ley. Y hay cuestiones que faltan.
El viernes 7 de febrero, recién pasado, el ejecutivo promulgó la nueva Ley de Seguridad Municipal. Fueron varios años de trámite legislativo y discusiones, algunas muy pertinentes, otras claramente con sesgos más populistas. Con todo, tenemos una ley que era esperada, tanto como el reglamento que tiene que hacerla operativa, el cual aguardamos con expectación.
Por cierto que estamos ante una buena noticia. Sin embargo, es muy importante reflexionar con más profundidad, porque el tema lo requiere y la propia normativa sugiere más de alguna pregunta y precisión.
Primero, recordemos que el tema de la seguridad es complejo, difícil y sin soluciones únicas o mágicas.
Necesitamos mucha visión colaborativa, generosidad política y criterios profesionales, para realmente avanzar en mejores condiciones de seguridad general. Y, especialmente, en la capacidad objetiva de enfrentar con más éxito el crimen organizado, su capacidad de penetración en las instituciones y los avances de corrupción en las mismas. Por ejemplo, la ruta del lavado del dinero es una materia muy pendiente.
Pero volvamos a nuestra Ley de Seguridad Municipal. Su sentido, de acuerdo con el mensaje de esta, es formalizar y potenciar el rol preventivo de los municipios, definiendo la seguridad municipal como función pública complementaria a Carabineros y la PDI. Para cumplir con esta tarea, se dota a inspectores de elementos de protección, entre ellos gas pimienta, bastón, esposas y pistolas taser.
Además, se permite la contratación bajo la modalidad de código del trabajo, se crean comités operativos, se fortalece la coordinación interinstitucional y se agravan las penas por agresión a funcionarios municipales.
Un avance importante, sin duda.
Sin embargo, también es necesario mirar con detención algunas cuestiones que deben considerarse a la hora de completar el reglamento que dará viabilidad real a la ley.
Y hay cuestiones que faltan:
No puede ser que las capacidades económicas de los municipios generen una suerte de mercado competitivo en la captación de funcionarios. Por eso, es fundamental que se fijen pisos salariales mínimos y razonables para los inspectores. Deberá ser el Estado quien provea los recursos base, para aquello, mediante un mecanismo adecuado de subvención a las comunas de menores recursos.
Algo similar debe operar respecto de los elementos de protección. Hay que democratizar los estándares y relacionar el stock de cada municipio respecto de la población que atiende, de manera que no sea más fácil, para el delito, operar en algunas zonas con menor provisión de equipamiento.
Un punto crucial es la contratación de personal de seguridad. Hoy tenemos una laxitud preocupante y exigencias diferentes, según la comuna y, una vez más, es decisiva la capacidad económica de cada municipio.
Esto es crucial, el OS14 de Carabineros debe contar con capacidad y presupuesto suficiente, para cumplir el rol de preparación y certificación de los funcionarios municipales de seguridad. Además, debe contar con personal adecuado para hacer tareas de control y regulación.
Es imprescindible elevar el nivel de profesionalización de los inspectores y mantener continuidad en su capacitación. Y eso debe ser para todos, con mínimos exigentes.
También, un punto que hace ya tiempo se ha venido planteando es la necesidad de crear un “Registro Nacional de funcionarios de Seguridad Pública”, donde además de contar con un catastro actualizado y en constante revisión, se establezcan aquellos estándares exigibles para cumplir con las complejas tareas que abordan.
En realidad, son varios los temas que deben ser conversados. Queremos que esta ley, que como decíamos es un avance importante, lo sea para todos, sin excepción. Para eso hay que seguir los debates, escuchar todas las voces que valgan la pena y tomar decisiones consensuadas.
