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El legado que queda no solo agrega presión al próximo gobierno: compromete la evolución económica y fiscal del país en el mediano plazo. No bastará con “ordenar la casa” con ajustes cosméticos al gasto o nuevas mesas de diálogo.
El gobierno saliente deja un escenario complejo, difícil de revertir en el corto plazo: una situación fiscal que no se veía desde la creación de la regla de balance estructural, mayores costos de contratación en el empleo formal, una sostenida caída en la tasa de natalidad, intentos de amarre en el sector público y una elevada polarización política, sobre todo en el oficialismo.
Todo ello configura un legado marcado por decisiones de cierre que, más que corregir desequilibrios de fondo, parecen responder a los últimos gustitos de una administración que va de salida.
Recientemente, el ministro de Hacienda reconoció que la meta fiscal de 2025 no se cumpliría, alejándose de esta regla por tercer año consecutivo. Pese a los ajustes anunciados, el balance estructural resultaría más deficitario que el 1,6% del PIB comprometido.
El desafío de la convergencia fiscal quedará en manos del próximo gobierno, que enfrentará serias dificultades para recortar gastos y proyectar ingresos con las herramientas que deja la actual administración.
Esta trayectoria fiscal no se ha traducido en un mejor desempeño macroeconómico, especialmente para los hogares de menores ingresos. La última encuesta CASEN muestra que los ingresos autónomos del decil más vulnerable caen respecto de 2022, mientras que la pobreza por ocupación y subempleo aumenta en un punto porcentual, alcanzando cerca del 22% de los hogares.
Además, las alzas que se ven en el ingreso monetario (total) de todos los deciles de ingresos, están ampliamente explicadas por un aumento en los subsidios, que suben más de 15% en los tres deciles más bajos desde la medición anterior.
El deterioro del mercado laboral también se refleja en otras cifras. Hoy hay 71 mil personas menos cotizando para su pensión que antes del inicio de este gobierno. A ello se suma un número de despidos por necesidades de la empresa que no se observaba desde la crisis sanitaria, ya sea por procesos de automatización o por el encarecimiento de los costos de contratación.
A lo anterior, se suma que la tasa de desempleo femenina se mantiene en torno al 9%. En este contexto, resulta llamativo que un gobierno que se definió como “feminista” haya esperado hasta último minuto para dar urgencia a un proyecto clave como el de Sala Cuna Universal, que podría reducir los costos de contratación femenina y mejorar la autonomía económica y las oportunidades laborales de las mujeres.
Todo esto ocurre en medio de una crisis de natalidad que mantiene a Chile con una tasa apenas superior a un hijo por mujer, acelerando el envejecimiento de la población. Según un estudio reciente del propio Ministerio de Hacienda, esta baja responde a condiciones desiguales y poco habilitantes para ejercer la maternidad y/o paternidad. Pero como esta crisis no tiene efecto en el corto plazo, no despertó suficiente atención en la clase política.
Finalmente, la polarización observada en las últimas elecciones también es reflejo de un estilo confrontacional que ha adoptado el gobierno. Este escenario se ve agravado por una Cámara de Diputados fragmentada en cerca de 20 partidos, lo que vuelve aún más complejo avanzar en consensos duraderos.
En conjunto, el legado que queda no solo agrega presión al próximo gobierno: compromete la evolución económica y fiscal del país en el mediano plazo. No bastará con “ordenar la casa” con ajustes cosméticos al gasto o nuevas mesas de diálogo.
Lo que se requiere es una reversión explícita de prioridades: pasar de sucesivos errores en la proyección de ingresos a la responsabilidad fiscal, del cortoplacismo a una agenda de crecimiento y empleo, y de la lógica de los “gustitos” a las políticas de Estado. Evitar un deterioro sustantivo de institucionalidad le compete especialmente a la clase política, e impacta directamente en todos los chilenos.
