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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El cierre fiscal de 2025 confirmará el tercer año consecutivo de incumplimiento de las metas fiscales, con un déficit proyectado en -1,6% que podría llegar a -2,7% según el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esto podría ser una carga para el futuro presidente José Antonio Kast y ha generado debate político por la herencia fiscal del Gobierno de Gabriel Boric. Mientras el oficialismo destaca avances, la oposición advierte recortes de gasto.

El cierre fiscal de 2025 confirmará el tercer año consecutivo de incumplimiento de las metas fiscales.

El déficit, que partió en -1,6%, podría llegar a -2,7% según el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Los números podrían convertirse en una carga para el futuro presidente, José Antonio Kast, y abrieron un debate político por la herencia fiscal que dejará el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Mientras el oficialismo destaca avances como menor deuda, desde la oposición advierten un recorte de gasto aún mayor.

Déficit fiscal, herencia y recortes

Ya es un hecho que este será el tercer año consecutivo en que se incumplan las metas fiscales, pero no será hasta fines de enero que la Dirección de Presupuestos (Dipres) informe al mercado el cierre del año fiscal 2025.

Partiendo con un déficit proyectado en -1,6% del PIB, dicha cifra fue modificada en más de dos oportunidades y finalmente se habló de un -2,2%.

Pero el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sinceró que el resultado final será mayor: -2,7%.

Es decir, con un déficit superior a lo previsto, la herencia que dejará en términos fiscales la administración Boric se convertirá en un recibimiento “poco cálido” para su José Antonio Kast.

En el oficialismo han salido a poner paños fríos a este escenario y, parte del discurso que ha defendido el Ejecutivo, es que se entregará la economía en un mejor pie que como la recibieron, destacando otros balances que son más positivos.

Y pese a que desde Republicanos ya habían incorporado el “estrés fiscal” a su hoja de ruta, la nueva cifra podría significar un recorte mayor al comprometido durante la campaña.

El diputado de ese partido, Agustín Romero, manifestó que la ciudadanía finalmente terminará pagando la improvisación de este Gobierno.

En medio de la tramitación de la ley de reajuste del sector público, las bancadas de diputados de la UDI, Renovación Nacional y Republicanos expresaron su rechazo al proyecto, acusando que se quiere traspasar un reajuste desfinanciado a la administración de Kast.

Mediante una declaración pública, cinco parlamentarios de dichas bancadas —partícipes en la comisión de Hacienda— plantearon cuestionamientos contra Grau y la iniciativa.

“Considerando que esta falta de rigurosidad ha sido advertida durante meses, hoy tenemos el legítimo derecho a presumir que la intención del Gobierno sería traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración, constituyendo un acto de grave irresponsabilidad y de mala fe democrática”, dijeron en un escrito.

Inversión y empleo

Independiente del actual escenario, desde el equipo del presidente electo han enfatizado que se enfocarán en recuperar las inversiones y el empleo.

La semana pasada, en Icare, Kast y su principal asesor económico y que ya se perfiló como ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hablaron del nuevo ciclo que se avecina.

Entre aplausos, señalaron la hoja de ruta que ya trabajan los nuevos asesores y autoridades que ocuparán las oficinas de Teatinos 120. Quiroz afirmó que harán “lo que sea necesario para recuperar el crecimiento en Chile”.

Y una de esas líneas de acción tiene que ver con lo que calificó como la “maraña regulatoria”, apuntando a la tramitación de proyectos de inversión, entregando no sólo un diagnóstico, sino el primer cambio.

“Vamos a eliminar permisos”, sentenció.

Como ejemplo de oportunidades si esto se resuelve, Quiroz mencionó a la construcción. Habló de eliminar 15.000 instructivos y reducir las circulares de 1.500 a 11.

“Vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo”, ejemplificó.