Según cifras de la Contraloría General de la República, más del 40% de las denuncias por falta de probidad en Chile provienen de gobiernos locales. Esa estadística no es solo un diagnóstico: es una alerta.
Las municipalidades —las instituciones que conviven diariamente con las urgencias de la ciudadanía— son también las más expuestas a decisiones discrecionales, presiones cotidianas y vulnerabilidades estructurales. Y cuando falla la probidad en el nivel más cercano, se resiente la legitimidad del sistema completo.
En La Florida asumimos esa realidad sin negarla ni maquillar cifras. Gobernar hoy exige enfrentar el problema donde está, no donde conviene verlo. Por eso hemos orientado nuestra gestión a construir, con hechos y controles, una comuna que aspire a ser la mejor del país no por discurso, sino por una consecuente conducta institucional verificable.
Adherimos voluntariamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para realizar un trabajo conjunto para la prevención del lavado de activos. Y no fue un gesto simbólico: fue un giro estructural en la manera de comprender el rol municipal. La corrupción no se combate reaccionando al escándalo, sino anticipándolo.
Del mismo modo, aumentar sostenidamente las licitaciones públicas y reducir los tratos directos no es una meta administrativa, es una convicción. Cada proceso abierto —aunque sea más lento o más incómodo— devuelve confianza a los vecinos y establece parámetros de justicia en la competencia local.
Lo mismo ocurre con la incorporación en curso de un Oficial de Cumplimiento para la Municipalidad y con la elaboración del Manual de Buenas Prácticas Municipales, que fijará estándares claros y exigibles para todo el aparato municipal.
El primer Simposio Municipal Anticorrupción, realizado en 2025 en La Florida; y que repetiremos en 2026; nace de la misma lógica: instalar una conversación técnica, permanente y comunitaria sobre integridad.
Que AMUCH y Contraloría nos hayan destacado como caso positivo no es un premio, sino un recordatorio de que este camino recién empieza y que requiere disciplina institucional constante y que no se trta e palabras ni de buenas intenciones; sino de acciones.
Pero más allá de los hitos, hay una pregunta que este Día Mundial contra la Corrupción debiera hacernos a todos —autoridades, dirigentes sociales, vecinos, empresas—: ¿qué estándar estamos dispuestos a exigir y a cumplir?
Porque gobernar de manera íntegra no significa solo publicar información o cumplir con lo mínimo legal. Significa renunciar a atajos, aceptar responsabilidades incómodas, transparentar procesos incluso cuando no hay aplausos y actuar como si cada decisión fuese pública, porque tarde o temprano lo será.
La corrupción no se derrota con voluntad individual, sino con sistemas que no dependan del carácter de un alcalde ni de la buena fe de un equipo. Se combate con controles, trazabilidad, instituciones que funcionen aunque la autoridad cambie y comunidades que exijan coherencia —no declaraciones— a quienes administran lo que es de todos.
Este día nos recuerda algo incómodo pero urgente: la probidad no es un patrimonio ganado, es una práctica diaria. Y solo si somos capaces de sostenerla con rigor, sin excusas y sin romanticismos, podremos construir municipios que le devuelvan al país algo que hoy parece frágil: la confianza.
La invitación es simple y exigente a la vez: preguntarnos qué tipo de Estado queremos y qué tan dispuestos estamos —desde nuestros propios ámbitos— a construirlo. Porque la corrupción no empieza arriba ni abajo: empieza donde dejamos de mirar. Y también se detiene cuando decidimos no mirar hacia el lado.
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