En una misma villa, población o condominio, dos familias vecinas. Sus ingresos monetarios son similares, comparten la misma calle, se encuentran en el paradero de la micro, los hijos van al mismo colegio y juegan en la misma plaza. Sin embargo, una de estas familias recibe más prestaciones sociales que la otra. Eso ocurre porque, hasta ahora, se ha medido la vulnerabilidad fijándose exclusivamente en las características del hogar, sin considerar las condiciones del territorio en el que viven.

Si las y los vecinos perciben que los criterios para entregar prestaciones no consideran realidades como el acceso a servicios, la conectividad o la seguridad del entorno, se instala la sensación de injusticia y de castigo al esfuerzo. Este tipo de situaciones exacerban el individualismo y causan segregación, afectando la cohesión social. Y cuando la cohesión se rompe, se resiente la confianza en la comunidad y en las instituciones.

Desde el inicio del gobierno del Presidente Boric, asumimos la responsabilidad de construir un Chile más justo, donde el lugar donde se nace o se vive sea una fuente de oportunidades y no un obstáculo para el desarrollo y el bienestar de cada persona. Este compromiso se traduce en una acción concreta: fortalecer la perspectiva territorial en las políticas públicas.

En ese camino, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, ha desarrollado el Sistema de Indicadores de Vulnerabilidad Socioterritorial (SIVUST). Esta nueva herramienta integra datos económicos y sociales, actualizados mensualmente, clasificando desde unidades vecinales hasta regiones, permitiendo identificar la vulnerabilidad de las diversas zonas y favoreciendo el diseño y asignación de políticas públicas más precisas, pertinentes y con mayor equidad territorial.

De este modo, es un instrumento clave para el fortalecimiento del Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales (SASUPS).

Tradicionalmente, la focalización de las políticas sociales se ha basado casi de manera exclusiva en métricas económicas del hogar, dejando de lado otros factores relevantes que influyen en la vulnerabilidad de las personas.

Hoy, gracias al SIVUST, estamos incorporando una mirada multidimensional y territorial que considera, además de las condiciones de vida de la población, el acceso a servicios y las características del entorno. No se trata solo de cuánto dinero recibe una familia mes a mes, sino de la realidad del barrio en el que vive, de si hay un consultorio o establecimiento educacional cercano a su vivienda o si las calles son seguras para que jueguen los niños y niñas.

El SIVUST queda a disposición de las diversas carteras ministeriales y esperamos que sea ampliamente utilizado, con el objetivo de mejorar el diseño, eficiencia e impacto de las políticas públicas, no solo a nivel de cada trayectoria familiar sino del camino en el que se coincide como vecinas y vecinos, evitando dejar fuera de la política social a quienes, pese a contar con ingresos monetarios un poco superiores, enfrentan las mismas barreras.

Con el SIVUST, el Estado reconoce que quienes comparten un mismo territorio comparten también realidades que influyen en su bienestar: acceso a servicios, salud, seguridad, oportunidades educativas y laborales. Hasta ahora, esas condiciones quedaban invisibilizadas por una mirada centrada exclusivamente en los ingresos del hogar. Este avance es una decisión política que entiende que la justicia social comienza por garantizar igualdad de oportunidades a quienes viven y construyen comunidad en el mismo lugar.

Paula Poblete Maureira
Subsecretaria de Evaluación Social