Los cuatro pilares de una política de seguridad ciudadana

La delincuencia se ha instalado en los últimos años como el principal problema en la percepción ciudadana (CEP Chile, 2025).

Las plataformas políticas, de un lado, plantean una “seguridad pública con enfoque social”, y “priorizar inteligencia policial, presencia del Estado en los territorios y fuerte prevención social” para “desarticular las redes de crimen organizado”. De otro, se promueve un “Plan Implacable” que incluye cárceles de máxima seguridad y aislamiento total para cabecillas narcos, fin a los narcofunerales, penas duras y efectivas para las bandas criminales, ampliación de la legítima defensa y fuerza de tarea conjunta para recuperar zonas tomadas. Y otro propone “la integración de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna del país, centralizar un modelo de inteligencia en este campo, fortalecer el control fronterizo y doblar la participación de la población en el servicio militar”.

Más allá que estas propuestas no constituyen novedad, pues, en un sentido u otro, todas ellas han estado en implementación hace ya un tiempo, la pregunta que naturalmente surge es si ellas abordan integralmente el fenómeno delictual.

Este es un problema complejo, multidimensional, que muta, asociado al contagio criminógeno y trayectorias vitales, a las expectativas de poder y riqueza, en el que los delincuentes son seres racionales que buscan rápidamente altos ingresos –que fuera del delito no obtendrían– y que no tienen empatía con las víctimas (Olavarría, 2025; Olavarría et al., 2025).

Así, un mero enfoque social, priorizando inteligencia policial y más Estado en los territorios –sin precisar en qué consistiría esa presencia, qué tipo de inteligencia policial y qué énfasis sociales– no logra coincidir con la complejidad del fenómeno. Es una propuesta que parece ver a los delincuentes como víctimas de una “violencia estructural”, sin recoger los elementos que constituyen la identidad delictual y el daño que provoca.

Algo similar ocurre con otras propuestas, que son reactivas, privilegian aspectos punitivos y que carecen de una visión preventiva. Son propuestas que exponen no solo visiones polares, sino unidimensionales y alejadas de la complejidad del fenómeno.

Pilar 1: Prevención social del delito

Pero, entonces, ¿sobre qué bases construir una política de seguridad ciudadana, de largo plazo, estable y que recoja la complejidad del fenómeno?

Un primer pilar indudable es la prevención social del delito. El foco de este pilar es generar un conjunto de condiciones y oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus prospectos de vida lícitos, con especial foco en aquellos sectores, grupos sociales y personas que presentan un mayor riesgo socio-delictual.

Tiene un despliegue macro, meso y micro. Apunta a mejorar el acceso a oportunidades de la población, pero también a intervenir en grupos y personas específicas que, de otro modo, estarían inclinados a tomar la opción delictual.

Incluye la promoción de valores y principios socialmente aceptados; el fortalecimiento de la familia como núcleo fundante de la sociedad; el funcionamiento del sistema económico, de modo que existan oportunidades de emprendimiento y acceso a un trabajo decente; acceso a educación de calidad, de modo de fortalecer capacidades y habilidades para incrementar las chances de obtener los medios de vida necesarios para una vida digna; acceso a salud oportuna, protección social y servicios sociales que permiten participar en plenitud en la vida social.

Igualmente incluye intervenciones en grupos y territorios amenazados por el delito, y sobre personas que presentan un mayor riesgo socio-delictual, que han incursionado o tienen trayectorias criminales –con la finalidad de interrumpirlas tempranamente, en el caso de los jóvenes, o generar reinserción social, en el caso de los adultos–, o están inmersos en la droga o males sociales semejantes. Un ejemplo de este tipo de intervenciones de prevención social del delito es la Terapia Multi Sistémica, implementada en Chile en el primer gobierno del presidente Piñera.

Aunque este es un pilar insustituible, el diseño de una política de seguridad ciudadana solo centrada en la prevención social será inefectiva para los propósitos de devolver la tranquilidad y paz a los ciudadanos, atendidas la racionalidad de los delincuentes, la identidad delictual y sus motivaciones.

Adicionalmente, la propuesta que invoca una perspectiva social y de territorios no considera las condiciones que generan oportunidades de un mejor prospecto de vida, como el funcionamiento del sistema económico, el respeto a la ley, la promoción de valores prosociales, el fortalecimiento de la familia como unidad básica e insustituible de la vida social, entre otros, y desconoce el valor de intervenciones de política pública ya en funcionamiento que la evidencia científica disponible ha demostrado su efectividad. Para otras, el pilar de prevención social del delito es desconocido.

Pilar 2: Sistema legal

Un segundo pilar es el sistema legal, expresado en el conjunto de leyes, normas y disposiciones. Recoge los acuerdos sociales sobre los valores y principios que guían y dan forma a la vida social. Expone, también, los desincentivos –o castigos– a la vulneración de esos acuerdos sociales, democráticamente adoptados.

De este modo, en referencia a la conducta delictual, el sistema legal se orienta a generar dos efectos principales:

La discusión, entonces, pasa a cuál es la longitud de las penas que provocaría ambos efectos, atendidos, por un lado, la idea de pena justa –en vez de venganza–, respeto a los derechos de toda persona y la aspiración socialmente aceptada de rehabilitación y reinserción social de quienes han infringido las leyes.

La evidencia muestra que penalidades bajas no generan ninguno de los dos efectos señalados y, atendida la racionalidad delictual, se transforman en un incentivo a la comisión de delitos. Las penas excesivas, por otro lado, generan dificultades de implementación.

La primera discusión es qué delitos requieren las penas más duras y quiénes las merecen –si todos quienes cometen delitos, los reincidentes, los muy reincidentes, los primerizos–.

La segunda discusión es respecto al discernimiento de los jueces frente a situaciones de duda y sin dejar de reconocer la persistencia del activismo judicial en contra de esta opción.

La tercera discusión es sobre los costos sociales: penas más duras implican mayor gasto público en tribunales, policías y fundamentalmente en construcción y mantención de cárceles.

La evidencia disponible (Olavarría, 2025; y Olavarría et al., 2025) muestra que los delincuentes son seres racionales, que consideran los riesgos a que se exponen al cometer un delito, entre los que se cuentan la efectividad del aparato de control (fiscales, policías y jueces), las definiciones del sistema legal y la severidad de las penas.

Con ello, la discusión ha de centrarse en la longitud de las penas que implique una severidad que disuada e incapacite a quienes perseveran en el delito, pero que incluya penas alternativas a quienes no hacen del crimen su forma de vida.

A estos dos efectos debe agregarse el efecto despojo (Olavarría, 2025), que consiste en despojar del patrimonio acumulado por los delincuentes, lo que anula el incentivo supremo para la comisión de delitos: alto ingreso y acumulación de riqueza.

La represión y severidad de las penas es la forma privilegiada de algunas propuestas para enfrentar al delito, sin considerar otros pilares que, en conjunto, le dan integralidad a la política de seguridad ciudadana. Así, la focalización en severidad de las penas, como forma privilegiada para enfrentar al delito, se revela como insuficiente para los propósitos declarados.

Pilar 3: Persecución penal

El tercer pilar es la actuación conjunta del sistema de persecución al delito, que incluye el trabajo de la Fiscalía, las policías y los tribunales. Tiene por finalidad identificar a los responsables de delitos, aportar los medios de prueba suficientes para que los tribunales asignen las penas y castigos establecidas en las leyes.

Ello establece tres ámbitos de acción:

1. La acción de la Fiscalía, lo que hace necesario que esta tenga las competencias, capacidades e integridad para enfrentar al delito y los recursos presupuestarios, de infraestructura y tecnológicos para desarrollar la labor que la ciudadanía espera.

2. La acción de los tribunales, que debe juzgar con imparcialidad, aplicar el rigor de la ley y desterrar el activismo judicial de su seno. Una línea de trabajo crucial en esta área es la de reclutamiento, selección, formación y calificación de jueces, la que debe eliminar toda práctica de nepotismo, amiguismo y similares.

3. El fortalecimiento de las policías. Ello requiere refuerzos a su proceso formativo, por un lado, con una actualización de técnicas, tecnologías (inteligencia artificial, entre otras), fortalecimiento y modernización de la función de inteligencia policial, y procedimientos policiales acordes al nuevo perfil delictual que ha emergido en Chile. Por otro lado, también del relacionamiento con la ciudadanía y los derechos de esta frente al actuar policial.

También requiere la destinación de los recursos necesarios para disponer del tamaño suficiente de la fuerza policial, de los recursos tecnológicos tanto para enfrentar a la delincuencia urbana –cada vez más sofisticada–, la delincuencia rural y el control fronterizo.

En ello, es clave el fortalecimiento de la inteligencia policial, como herramienta anticipatoria a la comisión de delitos y como instrumento de recolección de pruebas que refuerza la actuación de la Fiscalía frente a los tribunales.

Junto con ello, es necesario fortalecer la actuación de las policías en el ámbito de la prevención situacional del delito, lo que, también hace necesario actualizar sus estrategias y procedimientos operativos.

Las policías son un instrumento clave en una política de seguridad ciudadana que devuelva la paz y tranquilidad a Chile. Para que sean efectivas, ellas necesitan un estatuto de garantías que las cubran de los riesgos profesionales involucrados, cautelando un respeto irrestricto a los derechos ciudadanos y al principio de probidad.

Ello, evidentemente, requiere de normas que los habiliten para actuar, sin dilación, ante hechos delictivos, que protejan sus derechos y que cautelen sus deberes.

Pilar 4: Política carcelaria

El cuarto pilar, igualmente importante que los otros tres, es la política carcelaria. Tres son sus finalidades:

Aunque quienes han asumido una identidad delictual y ven al delito como su oficio que les provee los medios de vida rechazan este tipo de programas o solo se interesan en ellos para obtener beneficios carcelarios, otro segmento de la población carcelaria los acoge con genuino interés. La evidencia disponible muestra interesantes resultados en este segmento de penados.

Por otro lado, en las cárceles circula información de interés para las acciones preventivas y de persecución del delito. Por ello, las acciones de inteligencia también deben incorporar dispositivos en las cárceles y en la función operativa de Gendarmería.

Una política integral de seguridad ciudadana como única respuesta efectiva

Una política integral de seguridad ciudadana, que busque enfrentar al delito con mayores probabilidades de éxito, necesita actuar interconectadamente en estos cuatro pilares, dada la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno, y la racionalidad de los delincuentes.

La evidencia disponible muestra que las acciones promovidas por los extremos políticos no traerán paz social, ni devolverán la tranquilidad a los ciudadanos. Solo una política integral de seguridad ciudadana, sostenida en el tiempo y anclada en los cuatro pilares señalados, presenta las mejores posibilidades de superar la angustia ciudadana que provoca el crimen.