Enviando corrección, espere un momento...
Lo que no se dice tanto es que el problema en Chile no es solo de tamaño, sino también de diseño y funcionamiento.
Pocas palabras generan más aplausos políticos en tiempos de crisis fiscal que “recortar el Estado”. La retórica de “pasar la motosierra” ha vuelto a instalarse en Chile, impulsada por sectores que ven en la reducción del aparato público, la vía para un gasto más eficiente.
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que recortar sin método puede ser tan costoso como el despilfarro que se pretende evitar. El fiasco de DOGE en Estados Unidos es una advertencia potente. Y Chile, en su nueva etapa política, haría bien en prestarle atención.
DOGE: el espejismo de los recortes mágicos
En enero de 2025, Elon Musk asumió el liderazgo del Department of Government Efficiency (DOGE) en Estados Unidos, con la promesa de recortar USD 1 billón en gasto federal y “hacer más con menos”. A solo unos meses de iniciado, el proyecto es un símbolo del caos. Ya varios análisis en diversos medios muestran esto con cifras contundentes.
DOGE desmontó organismos clave como la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), entre varios más, incorporó a jóvenes operadores sin experiencia, apodados “Doge Kids” y se accedió a datos sensibles de millones de ciudadanos (historial médico, seguridad social, impuestos).
Los retrasos en servicios a veteranos y en el pago de jubilaciones han dejado en evidencia que recortar sin estrategia no es modernizar: es desmantelar.
Chile: la tentación de la motosierra
En Chile, el discurso de achicar el Estado ha cobrado nueva fuerza. Se critica el exceso de burocracia, los programas solapados y los “sueldos de oro”. Mucho de esa crítica es legítima. La OCDE estima que la administración pública chilena consume casi el 21% del PIB, una cifra moderada a nivel internacional, pero cuestionada políticamente en un escenario fiscal estrecho.
Sin embargo, lo que no se dice tanto es que el problema en Chile no es solo de tamaño, sino también de diseño y funcionamiento. Múltiples iniciativas digitales han mostrado sus límites.
La solución no pasa simplemente por recortar personal ni cerrar oficinas. El riesgo es replicar aquí el fenómeno DOGE: proyectos desmantelados a la rápida, servicios interrumpidos y sobrecostos multimillonarios por rehacer lo destruido.
Modernización ≠ recorte
Países que han modernizado con éxito muestran que la clave no es recortar, sino rediseñar:
En todos estos casos, la modernización fue un proceso estratégico, no solo tecnológico ni exclusivamente de ahorro.
MOVE: una hoja de ruta realista
Como plantea Geoff Mulgan, uno de los principales expertos ingleses en materias de Innovación Pública y Modernización del Estado, en su ensayo DOGE Done Better, DOGE convirtió una necesidad legítima —eliminar las ineficiencias del Estado— en un circo destructivo. Su aproximación fue “la de una guerrilla desorganizada que no comprendía los sistemas que intentaba destruir”.
Frente a ello, propone una alternativa: MOVE (Ministry of Value and Efficiency), una institución con principios, métricas y rediseño inteligente del aparato público. Su método se centra en:
MOVE no busca hacer más con menos de manera irresponsable, sino hacer mejor lo que se hace, reduciendo duplicidades, modernizando procesos y diseñando servicios alrededor del ciudadano.
Entre la urgencia política y el largo plazo
Chile enfrenta hoy la misma disyuntiva que otros países: mostrar resultados políticos rápidos o construir transformaciones duraderas. La presión por cortar gastos es real. Pero reducir el Estado a golpes de motosierra es la receta perfecta para otro fiasco DOGE.
Modernizar significa repensar cómo trabaja el Estado, cómo se diseñan sus procesos y cómo se integra la tecnología. Es un camino menos vistoso en el corto plazo, pero imprescindible si queremos un Estado eficiente, sostenible y útil para las personas.
No se trata de defender un Estado sobredimensionado. Se trata de evitar que, en nombre de la eficiencia, terminemos destruyendo valor público. En ese equilibrio, Chile se juega mucho más que unos puntos de déficit fiscal: se juega la confianza ciudadana y la posibilidad real de construir un país que funcione mejor para todos.
