Persigamos el delito "venga de donde venga"

Hace algunos días se dio a conocer la condena a cuatro exejecutivos de la salmonera Nova Austral por delitos cometidos entre 2016 y 2019 en sus centros de cultivo ubicados al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini, en la Región de Magallanes.

En un fallo unánime del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, la fiscalía pudo probar que se introdujo agentes contaminantes, arena y productos químicos para intentar encubrir el daño ambiental causado por la sobreproducción de salmones, y que uno de los ejecutivos además entregó reportes manipulados a Sernapesca, donde se alteraban los indicadores sanitarios y ambientales de los centros de producción.

Lo de Nova Austral no es un hecho aislado

El hecho de que altos ejecutivos de Nova Austral -firma de capitales noruegos que hace no tanto tiempo era considerada un emblema de la sostenibilidad en el sector acuícola- estén involucrados en causas penales, evidencia que este modus operandi no aborda hechos aislados, sino una decisión empresarial consciente de delinquir, para lo que se erigió una estructura que ha operado contra el medio ambiente y el interés público por años, y por la que la compañía obtuvo ganancias ilícitas por más de 3.700 millones de pesos en el periodo investigado.

Lamentablemente, lo de Nova Austral no es un hecho aislado: hace un año, una investigación de Fundación Terram reveló que 64 centros de cultivo, ubicados dentro de reservas nacionales, produjeron más de 67 mil toneladas de salmones por encima de lo autorizado en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), sin que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) detectara ninguna de estas infracciones.

Y no solo eso, el escándalo judicial entre los antiguos (Isidoro Quiroga) y nuevos (la compañía china Joyvio) controladores de Australis Seafood ha revelado un modus operandi claro, donde se engaña sistemáticamente al Estado, a la legislación vigente, la institucionalidad ambiental y económica nacional y a las comunidades, las principales perjudicadas con la degradación de estos ecosistemas.

Pareciera que cada vez que se investiga con un poco más de cuidado el actuar de esta industria, surgen escabrosas artimañas para obtener enormes ganancias ilícitas, defraudar al Estado y, como daño colateral, dejar los fondos marinos de las áreas protegidas de nuestra patagonia absolutamente degradados.

Por eso llama la atención que todavía el Estado decida darle nuevas oportunidades a estas empresas; lo que queda de manifiesto con la aprobación de la SMA a los Programas de Cumplimiento presentados por Australis por sus sobreproducciones en, al menos, 33 de sus centros. O por la decisión del Tercer Tribunal Ambiental de no autorizar las revocaciones a las RCA (resoluciones de calificación ambiental) de los centros afectados por las sobreproducciones de Nova Austral entre 2016 y 2019 que la justicia penal ha probado recientemente.

Sentencias ejemplificadoras

Cuando en Chile una persona comete delitos catalogados como graves por nuestra legislación, la sociedad coincide en la necesidad de ejecutar penas ejemplificadoras, que muestren que en Chile este tipo de conductas no están permitidas; pero, en una muestra de doble estándar inexcusable, si esos graves delitos los cometen empresas, el criterio parece ser más laxo.

Es de esperar, en el caso de Nova Austral, tanto la sentencia contra sus exejecutivos (que se dará a conocer el próximo 5 de julio), como la decisión de la Corte Suprema para revocar las RCA de estos centros de producción, sean ejemplificadoras, y marquen la pauta en esta materia en nuestro país.

Urge que nuestros organismos fiscalizadores y la Justicia sean capaces de sancionar este tipo de delitos e infracciones con mayor rigurosidad, para entregar una señal clara de que este tipo de conductas delictuales, vengan de donde vengan, no se permitirán más.