Enviando corrección, espere un momento...
Mientras Chile debate retrocesos normativos, otros países de la región avanzan hacia marcos más restrictivos.
Una normativa destinada a regular el actuar policial tras el estallido social de 2019 podría ampliar las facultades para usar fuerza en lugar de restringirlas, según advierte el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
El proyecto de ley sobre uso de la fuerza, que se encuentra en comisión mixta del Congreso tras discrepancias entre ambas cámaras, ha generado alertas de organismos de derechos humanos por disposiciones que consideran contrarias a estándares internacionales.
La iniciativa surgió como respuesta directa al estallido social, que dejó 377 lesiones oculares documentadas y más de 3.200 querellas por violaciones a los derechos humanos, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El gobierno propuso entonces regular el uso de la fuerza por parte de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas en funciones de orden público.
Sin embargo, el proceso legislativo ha desvirtuado los objetivos originales. Las modificaciones introducidas durante la tramitación, particularmente las aprobadas por el Senado, han alterado sustancialmente el texto inicial. Cuando la Cámara de Diputados rechazó estos cambios en mayo, el proyecto fue enviado a comisión mixta, donde se definirá su versión final.
Aspectos problemáticos del proyecto actual
Este punto de inflexión ha puesto en evidencia las principales controversias del proyecto. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura identificó cinco aspectos problemáticos en la versión actual que, lejos de fortalecer las salvaguardias, las debilitan sistemáticamente.
La eliminación del principio de proporcionalidad como criterio vinculante representa el cambio más significativo. Mientras el texto original establecía parámetros específicos para graduar el uso de fuerza, las modificaciones lo redujeron a una referencia general, dejando a los funcionarios en total discrecionalidad sobre la intensidad de la fuerza a emplear.
Igualmente preocupante resulta la ampliación de excepciones para usar fuerza contra personas detenidas. La propuesta original contemplaba dos supuestos específicos; la versión actual incluye cinco, permitiendo el uso de fuerza incluso en situaciones donde no existe amenaza directa contra la vida.
Más controvertida aún es la autorización de fuerza potencialmente letal para proteger infraestructura crítica. Esta disposición contradice abiertamente los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza de Naciones Unidas, que limitan la fuerza letal exclusivamente a la protección de vidas humanas.
El proyecto también establece reglas diferenciadas entre policías y militares para funciones idénticas de orden público, creando marcos normativos distintos para situaciones equivalentes. Adicionalmente, no contempla mecanismos independientes de supervisión, dejando las investigaciones en manos de las propias instituciones que ejercen la fuerza.
Preocupaciones que no se limitan al ámbito nacional
Los relatores especiales de la ONU enviaron en enero una comunicación oficial expresando inquietud por el proyecto, mientras la Organización Mundial contra la Tortura lanzó este año el primer Índice Global de Tortura, una herramienta que mide riesgos en 26 países usando indicadores cuantitativos.
La evidencia académica respalda estas preocupaciones. Un estudio publicado en Cambridge Journal of Evidence-Based Policing concluyó que existe “abundancia de teorías y escasez de evidencia” sobre estrategias efectivas para reducir el uso excesivo de fuerza policial. Significativamente, las pocas medidas con evidencia probada —criterios claros de proporcionalidad y supervisión independiente— son precisamente las que el proyecto chileno está abandonando.
Ante este escenario, el Comité para la Prevención de la Tortura ha preparado observaciones técnicas para la comisión mixta basadas en tratados internacionales ratificados por Chile. Estas propuestas se fundamentan en requisitos técnicos derivados de obligaciones internacionales, no en preferencias políticas, lo que las convierte en parámetros objetivos para evaluar la conformidad del proyecto con estándares internacionales.
Ley sobre uso de la fuerza: un proyecto en sintonía con las obligaciones internacionales
La comisión mixta debe ahora resolver las discrepancias entre ambas cámaras en una decisión que será definitiva, sin posibilidad de nuevas modificaciones posteriores. Esta instancia representa la última oportunidad para alinear el proyecto con las obligaciones internacionales de Chile.
El contexto regional subraya la relevancia de esta decisión. Mientras Chile debate retrocesos normativos, otros países de la región avanzan hacia marcos más restrictivos. Colombia, por ejemplo, implementó recientemente un decreto que establece responsabilidades de mando claras y principios de mínima intervención estatal.
La tramitación del proyecto, iniciada en abril de 2023 con el objetivo de prevenir futuras violaciones, ha llegado así a una encrucijada donde las modificaciones introducidas podrían producir exactamente el efecto contrario al buscado: facilitar más abusos en lugar de prevenirlos.
