El proyecto que hoy se discute en el Congreso no busca sancionar a quienes filtran desde dentro —eso ya está regulado—, sino a quienes informan. A periodistas que, cumpliendo su deber, publiquen información sobre causas judiciales en curso, incluso si esa información revela delitos, redes de poder o faltas a la probidad.

Se trata de un proyecto de ley que no castiga al que comete el delito, sino al que lo denuncia. Que no protege la justicia, sino a quienes la usan como escudo. Que no fortalece la democracia, sino que la debilita desde adentro.

Y eso no es un debate teórico. Es una amenaza concreta.

Corrupción destapada por el periodismo

En Chile, los casos de corrupción más relevantes no se conocieron gracias a instituciones que funcionaron, sino por el periodismo. Penta, SQM, Milicogate, Hermosilla. En cada uno, fueron filtraciones y reportajes los que rompieron el cerco del silencio.

Sin ese trabajo, el caso Hermosilla estaría impune.

No sabríamos de los sobres con billetes. Ni de los audios donde se hablaba de coimear a funcionarios públicos. Ni del rol del exfiscal Manuel Guerra para cerrar causas de corrupción. Ni del ministro Jean Pierre Matus, hoy redactor del fallo en la Corte Suprema por Dominga. Ni de Ángela Vivanco y sus oscuras operaciones. Ni de los vínculos de Chadwick con todo el caso Hermosilla.

Tampoco de las conversaciones del ministro Antonio Ulloa con los senadores Prohens y Provoste, ni de la eventual participación de Ulloa en una red de tráfico de influencias, que hoy es investigada tras una denuncia que presentamos junto a la diputada Daniella Cicardini.

Un proyecto de ley peligroso

Y ahora, en vez de proteger esa labor esencial, quieren castigarla. ¿Ese es el nuevo estándar? ¿Que el problema no sea el corrupto, sino quien lo expone?

Una prensa libre no es un lujo. Es una necesidad democrática. Es el último control cuando todo lo demás falla. Es la garantía de que el poder no se ejerza sin consecuencias. Y no se trata de invadir la vida privada. Lo que se ha revelado son hechos graves: posibles delitos, conflictos de interés, faltas a la probidad de autoridades del más alto nivel. Sin el periodismo, todo eso seguiría funcionando. Como si nada.

Por eso este proyecto de ley es tan peligroso. Porque no silencia filtraciones. Silencia consecuencias. Castiga a quien enciende la luz, no a quien actúa en la oscuridad.

También preocupa que se quiera limitar quién puede querellarse en estos casos, porque restringir la acción penal en delitos de interés público es otro paso hacia la impunidad.

La libertad de prensa no es solo publicar. Es garantizar que haya pluralismo, responsabilidad y rigor. Pero también que quien informa no sea perseguido por cumplir su rol.

Nos vamos a oponer. Porque esta ley no solo amenaza al periodismo, amenaza a la democracia. Y frente a eso, no se duda. Se actúa. Porque cuando se castiga la verdad, lo que se protege es la corrupción. Y nosotros no vinimos a ser cómplices. Vinimos a cambiar las cosas.