La Defensora Nacional, Verónica Encina, abordó el proyecto de ley que busca sancionar penalmente la difusión de antecedentes reservados, conocido como “Ley Mordaza 2.0”. Al respecto, postuló que “la solución no está en criminalizar la defensa ni a los medios de comunicación”.
Mediante una declaración pública, la autoridad profundizó en la iniciativa que busca evitar las filtraciones como las ocurridas en los casos Audio, Monsalve y Convenios. Y que, para ello, busca modificar una serie de cuerpos legales con el fin de tipificar estas como un delito.
El problema con la carpeta de información reservada y la criminalización a periodistas
Sobre esta, Encina partió señalando que “uno de los aspectos más preocupantes del proyecto (…) es la creación de una carpeta paralela de información reservada: un repositorio de antecedentes que el Ministerio Público podrá separar del archivo principal por considerar, bajo su exclusivo criterio, que no tienen interés penal”.
“Este mecanismo no sólo carece de control judicial efectivo, sino que impide que cualquier interviniente —defensa, víctimas y querellantes— pueda acceder a dicha información. La defensa, además, no podrá saber si allí se oculta una declaración favorable a su representado, si se eliminó un testimonio que contradice la tesis de la Fiscalía o si se introdujeron antecedentes obtenidos ilegalmente, que luego podrán ser “blanqueados” en la carpeta visible”, aseguró.
“En la práctica, se trata de un espacio opaco, sin trazabilidad ni fiscalización, que rompe con uno de los pilares del sistema acusatorio: el equilibrio entre partes y el control cruzado“, agregó.
Por otra parte, la defensora también criticó al proyecto por “el riesgo de criminalizar la actividad periodística”.
“Algunos de los tipos penales propuestos utilizan verbos como “informar”, “difundir” o “divulgar”, lo que abre la puerta a que no sólo se sancione a quien filtra la información, sino también a quien la publica”, explicó.
“La línea entre el deber de reserva y la libertad de expresión debe estar claramente trazada. Si no se precisa que sólo se sanciona a quien, estando obligado por ley a guardar secreto, entrega la información, podríamos terminar persiguiendo penalmente a periodistas“, enfatizó.
Conclusiones de la Defensoría Penal Pública por la “Ley Mordaza 2.0”
Así, sostuvo que si bien desde la Defensoría Penal Pública comparten “la preocupación por las filtraciones”, también creen que “la solución debe estar basada en datos, trazabilidad institucional y mecanismos de control, no en criminalizar a la defensa ni a los medios de comunicación”.
“Si realmente queremos enfrentar este problema, es indispensable dotar al sistema de herramientas de control: registros de acceso a la carpeta, auditorías, deberes reforzados para las policías y el Ministerio Público, y sanciones administrativas, evitando cualquier medida que debilite las garantías procesales o que genere espacios oscuros dentro del proceso penal”, propuso.
De esa forma, concluyó que “avanzar hacia un sistema en que sólo una parte pueda ver y manejar la totalidad de los antecedentes, sin control, es caminar peligrosamente en la dirección contraria a la justicia. Porque en democracia, el poder que no tiene límites ni fiscalización siempre es un riesgo“.
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