Atentados a candidatos presidenciales

De inmediato, se han recordado aquellos asesinatos de Jorge Eliécer Gaitán, favorito para ser elegido Presidente en abril de 1948; lo que provocó dos semanas de conmoción interna y levantamientos populares conocidos como el “bogotazo”, en plena reunión de la antigua Unión Panamericana, la que una vez reanudada, aprobó la creación de la actual OEA, más otros tratados importantes como el conocido Pacto de Bogotá, que dio competencia anticipada a sus Estados parte, para acudir a la Corte Internacional de Justicia.

Similar suerte fue la de Luis Carlos Galán Sarmiento, en agosto de 1989, que con mayores posibilidades habría ganado la elección presidencial, asesinado a tiros junto a dos otras personas más. Dos hechos traumáticos para la casi siempre convulsionada política colombiana.

Uribe ha sido un duro opositor al Presidente Gustavo Petro, y representante destacado del Centro Democrático que lidera la disputa política en su contra apoyada por un amplio sector del Congreso, que no acepta esas iniciativas y no da los consensos necesarios.

Por sobre el atentado mismo, que ha sido condenado por todos, podría haber consecuencias de mayor impacto, en la situación política del país. Actualmente, Colombia presenta divisiones prácticamente insalvables, crisis en el gabinete ministerial, recrudecimiento esporádico, pero real, de acciones de los grupos guerrilleros que todavía controlan ciertos territorios, escindidos de los procesos de paz alcanzados luego de largas e intensas negociaciones, por el expresidente Santos.

Pero, tal vez la consecuencia más evidente ha sido la que una vez más, el recurso a la eliminación física de candidatos presidenciales, o precandidatos como es el caso de Uribe, ha vuelto a ser utilizada y de manera violenta, más allá de las naturales pugnas habituales, creando un clima de incertidumbre todavía mayor, a aquel derivado de la lucha contra el terrorismo guerrillero o el combate contra el narcotráfico y la delincuencia, que han estado presente de manera constante. Un punto que, dentro de esa lucha permanente, muestra avances, como también retrocesos al aprovecharse los causantes de cualquier oportunidad para actuar, con la natural tensión resultante.

Algunas iniciativas del actual gobierno han sido rechazadas, no obstante contar con decididos partidarios, como la reforma laboral, que en marzo último no fue aprobada por el Congreso, por lo que Gustavo Petro anunció que convocaría a una consulta popular, la que también fue rechazada por el Congreso recientemente en mayo, al alegar que había irregularidades.

Nuevamente, el Presidente amenazó con convocarla por decreto. Un tema muy controvertido entre los juristas alegando que violaba la constitución. Justamente ese era uno de los postulados más defendidos por el Senador Miguel Uribe, el que amenazó, los demandaría por prevaricación a los Ministros que lo firmaran, y que si lo hacían, deberían ser despedidos.

La pugna entre el Presidente y el Congreso, para algunos analistas, pareciera estar declarada, sin visualizarse una solución. El atentado al Senador Miguel Uribe, portavoz de una de las posiciones contrarias, contribuye todavía más a la división instalada, y aumenta la posibilidad de que se tornen intransigentes. Consecuencias que, en un clima exaltado por el atentado, no es posible anticipar.