Casa de Allende: cuando nos quisieron pasar gato por liebre

“Adquisición de las casas de los dos exmandatarios, se inició formalmente por la aprobación de una glosa de presupuesto en la ley de presupuesto para el año 2024, que tuvo un apoyo amplio y transversal en el debate parlamentario” estas fueron las palabras del ministro Álvaro Elizalde, en su rol de exministro SEGPRES, en los comienzos de la comisión investigadora por la fallida compra de la casa de Allende.

Fue durante la misma primera sesión donde Francisca Moya, al responder una pregunta que le formulé, hizo noticia al admitir que sí estaba en conocimiento de los problemas constitucionales que tenía la operación, pero que no era su deber advertirlo.

Volviendo a lo dicho por el ministro Elizalde, tal como si de una defensa corporativa se tratase, un coaching institucional que demarcaría las intervenciones del resto de las autoridades venideras, todas las que se refirieron a este punto repitieron a coro que la compra había sido autorizada por el Congreso. Tanto es así que este mandamiento comunicacional, inclusive, sirvió como caballito de batalla para la defensa de la exministra Maya Fernández en la acusación constitucional en su contra, y también, en la contestación del requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional para la destitución de la exsenadora Isabel Allende.

Lo que realmente hicieron, y que el ministro Elizalde y compañía lo saben, fue presentar este gasto ante la subcomisión mixta de presupuesto, sin explicación mayor y dentro del presupuesto del Servicio Nacional de Patrimonio. Específicamente, bajo el subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”, el cual NO establece posibilidad alguna para comprar casas. Es más, fue tan vaga la presentación hiciera la directora de dicho servicio, Nélida Pozo, que solo se remitió a leer una línea en una diapositiva de Power Point la cual decía “Contempla incremento para Casa Presidencial de Guardia Vieja”.

A medio andar, este gobierno, a través de una artimaña administrativa legal, encauzaron correctamente el proceso, que por cierto no necesitó aprobación del Congreso. Fue así como se evidencia en el oficio ordinario N° 429, del 05 de septiembre del 2024, donde Nélida Pozo se dirige a la DIPRES, “conforme a lo instruido desde Presidencia de la República”, para solicitar el traspaso de los recursos desde el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural hacia el Ministerio de Bienes Nacionales, repartición donde sí era posible gestionar la compra mediante el subtítulo 29 “adquisición de activos no financieros”.

Resulta evidente que, mediante una amplia deliberación política, jamás hubiesen estado los votos para desembolsar $922 millones para una inversión absolutamente innecesaria. Intentaron usar como coartada al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para defender esta iniciativa ideológica, e intentar decir que fue aprobado por el Congreso.

Sin lugar a dudas, subestimaron las competencias de los parlamentarios que integramos la Comisión Especial Investigadora. Nuestro rol como diputados es fiscalizar y transparentar ciertos relatos inexactos que irresponsablemente repiten las más altas autoridades de gobierno. Ni siquiera hablando como oposición, sino simplemente haciendo un análisis aplicando conocimientos sobre administración pública y funcionamiento del Estado.

En la comisión ha quedado en evidencia que nunca se presentó como tal esta forzada y caprichosa idea del Presidente Boric de adquirir la casa de Salvador Allende. Presidente Boric, los chilenos no somos tontos, no le resultará pasarnos gato por liebre.