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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero contra Claudio Orrego en el caso ProCultura. El Tricel es la última esperanza para la Oposición para la destitución del gobernador de su cargo. El escrito es presentado por consejeros regionales de la UDI, Republicanos y RN. Se acusa al gobernador de abandono de deberes y faltas a la probidad, destacando la contratación de coaching por $31 millones con contenido político electoral. Orrego denuncia intentos de remoción por la derecha y promete demostrar su inocencia.

En el marco del caso ProCultura, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero contra Claudio Orrego. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) intentará sacar al gobernador de su cargo.

El escrito fue presentado por los consejeros regionales de la UDI, Republicanos y RN, en el que se acusa a la autoridad por el abandono de sus deberes y faltas a la probidad. El texto se apoyó en las observaciones de la Contraloría General de la República.

Entre algunos de los puntos que el ente controlador resaltó, se encuentra la contratación vía trato directo de un servicio de coaching por más de $31 millones con Vera y Asociados, que según el organismo, habría tenido un contenido político electoral.

Como el periodo probatorio ya finalizó, la causa podría verse en marzo. Asimismo, los abogados que impulsaron la acción judicial tienen que dejar el patrocinio debido a la llegada del Ejecutivo.

Orrego acusó que la derecha ha intentado removerlo por distintas vías, menos en las urnas, donde subrayó que no han logrado derrotarlo.

Aseguró que, tal como ocurrió con el desafuero, demostrará su inocencia en cada instancia y criticó el trabajo del tribunal, calificándolo como deficiente.

El jefe de bancada de los consejeros republicanos, Ignacio Dulger, aseguró que es el turno del Tricel para fijar responsabilidades por el uso de recursos públicos y, eventualmente, decretar la destitución del gobernador.

Con el desafuero ya descartado por la Corte, la oposición apuesta a que el tribunal electoral acoja el requerimiento y establezca responsabilidades administrativas.