La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) respondió a las declaraciones emitidas por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial (ANMM) sobre la liberación del sicario del “Rey de Meiggs”.
El comandante Mario Benítez, de la ANOP, expresó que las autoridades del Poder Judicial y la misma ANMM “están desviando la atención” respecto del origen del problema en torno a la excarcelación de uno de los tres imputados por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, ocurrido el pasado 19 de junio en Ñuñoa.
“El origen se radica en la emisión de una orden de libertad, que además se remite por los conductos de comunicación regulares que está establecido entre Gendarmería y el Poder Judicial, mediante un convenio con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y que es ese documento el que genera la libertad de esta persona”, apuntó Benítez.
Asimismo, aclaró que las comunicaciones se realizaron “por mano” y por correo, y que “en ningún caso previenen o revocan la libertad de forma expresa de esta persona”. Igualmente, recalcó que Gendarmería es un organismo “que cumple cabalmente las instrucciones y resoluciones de los tribunales de justicia”.
En ese sentido, el comandante indicó que no les “corresponde verificar el mérito, la legalidad o la justicia con que estas se emiten”.
Respuesta de Gendarmería a la asociación de magistrados por sicario prófugo
Cabe señalar que esta no ha sido la única declaración en las últimas horas respecto de las funciones de Gendarmería.
Ayer, el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, sostuvo que si la institución cometió algún error, eso lo determinará la justicia. En esa línea, informó que se instruyó un sumario para indagar posibles faltas administrativas.
Sin perjuicio de lo anterior, aseguró que “no es ámbito de nuestra competencia cuestionar los documentos emitidos por los tribunales“. Si bien no fue textual, esta declaración funcionó prácticamente como una respuesta a lo planteado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial.
Desde la agrupación respaldaron a la jueza Irene Rodríguez Chávez, del 8.º Juzgado de Garantía. Ella ha sido cuestionada por firmar la orden que liberó a Alberto Carlos Mejía Hernández.
Además, indicaron que la salida del imputado desde Santiago 1 ocurrió en el marco de una tramitación administrativa vinculada a su ingreso al Centro de Detención Preventiva (CDP). Específicamente, en lo relacionado con la confección y gestión de los oficios de ingresos.
En ese contexto, el gremio apuntó a Gendarmería, aludiendo a las comunicaciones oficiales recibidas que derivaron en la excarcelación del sicario. Según la ANMM, estas habrían sido recepcionadas por la institución “sin haber representado de forma oportuna la inconsistencia ni haber consultado al tribunal, lo que podría haber evitado la excarcelación”, cuestionaron.
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