Mientras la alcaldesa Irací Hasssler declara como imputada en la investigación penal, la Municipalidad de Santiago confirmó una demanda contra la inmobiliaria San Valentino, dueña de la ex Clínica Sierra Bella.
La Municipalidad de Santiago informó este miércoles que presentó una demanda contra la Inmobiliaria San Valentino, solicitando que se declare nulo el contrato de compraventa de la ex Clínica Sierra Bella. En paralelo, durante esta jornada la alcaldesa Irací Hassler (PC) declarará en la indagación penal en calidad de imputada.
La acción legal se basa en que las tasaciones realizadas para la adquisición del recinto “fueron realizadas de forma totalmente desprolija, negligente e incluso fraudulenta”, se dijo en un comunicado.
En la misma misiva, se añadió que dicha situación “se reveló técnicamente con el pronunciamiento de la Contraloría General de la República y que ocurrió a posteriori de la suscripción del contrato de compraventa”.
El municipio también especificó que a la inmobiliaria “se le informó expresamente que la adquisición del inmueble por parte de la Municipalidad, estaba condicionada a una serie de procesos administrativos, dentro de los que se encontraba la realización de, al menos, tres tasaciones”.
“Como es de conocimiento público, la I. Municipalidad de Santiago presentó una querella criminal contra los tasadores y todos quienes resulten responsables, por estos hechos”, se añadió.
Finalmente, el municipio señaló que la compraventa no se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces, pese a que la inmobiliaria busca que el proceso culmine forzosamente, esto mediante la vía judicial. Esto cuenta con la negativa de la municipalidad.
“Esta acción paralizó su inscripción y, en consecuencia, no se ha pagado el precio establecido en dicha compraventa, cumpliendo con el deber de resguardar el patrimonio municipal”, se añadió.
Hassler declara como imputada en caso Sierra Bella
En tanto, la alcaldesa Hassler declara este miércoles en calidad de imputada en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte por la frustrada compra.
La jefa comunal llegó a dependencias del Ministerio Público para entregar su testimonio sobre este negocio, el que fracasó luego de una determinación de Contraloría que ordenó detener la compraventa, esto por el sobreprecio de la transacción que llegaba a los $8.200 millones.
La defensa del municipio es que se acordó pagar dicho monto justamente por las tasaciones realizadas por los cuestionados tasadores.
Juan Irarrázaval, diputado querellante del Partido Republicano en esta causa, indicó ante esto que “esperamos que la alcaldesa responda, por ejemplo, si ella lideró efectivamente de manera personal las negociaciones; si instruyó a una funcionaria de su confianza, para a través de una corporación municipal que no tenía nada que ver, coludir a los tasadores; también que responda cuál era la necesidad de que algunos vales vista sean endosables”.
