Adopciones ilegales en dictadura: ministro en visita interrogará a dos exjuezas en Concepción

El ministro en visita, Alejandro Aguilar, desarrolla una serie de diligencias en Concepción —en la región del Bío Bío– por las adopciones ilegales registradas en la dictadura de Augusto Pinochet. Su estadía contempla cuatro días de trabajo junto a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, donde además de tomar declaraciones a madres denunciantes, también lo hará con dos exjuezas de Menores, que tendrían calidad de inculpadas.

Hasta el cuartel central de la PDI en el centro penquista llegó este lunes el ministro en visita, quien desde el año pasado está a cargo de la causa caratulada como sustracción de menores y adopciones irregulares durante la dictadura.

De acuerdo a antecedentes recopilados por Bío Bío, el magistrado estará en la zona hasta el jueves para tomar una veintena de declaraciones e interrogar a al menos dos exjuezas de Menores de Concepción, quienes tendrían la calidad de inculpadas en las investigaciones que desarrolla.

20 mil lactantes y menores adoptados ilegalmente

Sobre las diligencias del ministro en visita se refirió Marisol Rodríguez, presidenta de la Agrupación Hijos y Madres del Silencio, quien destacó la investigación a magistradas que —dijo— incluso cobraron por la entrega de guaguas y niños que terminaron en el extranjero, principalmente Europa.

De acuerdo a los datos que maneja la agrupación de Marisol Rodríguez, son 20 mil los lactantes y menores adoptados ilegalmente entre 1973 y 1989, la mayoría por parejas extranjeras, aunque también hay casos a nivel nacional.

Entre las víctimas está Myriam Molina, a quien personal de un hogar de menores, a través de un Juzgado de Menores, entregaron en adopción a dos de sus hijas el año 1983, ambas de 2 y cuatro años de edad.

La hermana mayor, Orietta Muñoz Molina, señaló que su madre denunció la adopción ante la PDI, siendo ella la principal testigo.

Tras una solicitud para hablar con el ministro en visita, funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI explicaron que Alejandro Aguilar estaba personalmente tomando las declaraciones y que la intensidad del trabajo no le permitía hacer declaraciones.